Anticorrupción planea pedir ya a Urdangarin que devuelva todo el dinero público que recibió
Un año después del estallido del caso Nóos, Iñaki Urdangarin se arriesga a recibir un mazazo mayúsculo. La Fiscalía Anticorrupción ultima en estos días el escrito de petición de fianza civil para el duque de Palma y su exsocio, Diego Torres. Salvo viraje total, esa fianza solidaria sobrepasará la cifra de ocho millones de euros.
Lo elevado de la cuantía se explica por un factor clave. Bajo la premisa de que los convenios con Instituto Nóos fueron por completo ilegales dado que la asociación que presidía Urdangarin no era en realidad una ONG sino la cabeza de puente de un grupo empresarial, el ministerio público sostiene que el yerno del rey y su antiguo profesor en Esade deben depositar todo el dinero cobrado de los gobiernos balear y valenciano. Es decir, algo más de seis millones de euros, a los que deberán añadirse otros dos millones. Se agregan porque esos dos millones equivalen a un tercio de lo supuestamente percibido de forma irregular. La adición de ese tercio resulta obligada por ley.
A diferencia de la fianza penal, la civil no busca que los imputados puedan eludir la cárcel con su pago sino asegurar aquellos fondos cuya devolución es susceptible de ser impuesta por una futura sentencia. Pero si Urdangarin y Torres no satisfacen esa fianza civil, sus bienes quedarán embargados. Sobre el barcelonés palacete de Pedralbes, propiedad de Urdangarin y Cristina de Borbón y residencia habitual de la pareja, pende por tanto ahora una verdadera espada de Damocles.
Previsiblemente, tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce el colectivo Manos Limpias formalizarán esta semana sus respectivas solicitudes de fianza, aunque las fechas están sujetas a eventuales cambios.
Las fuentes consultadas coinciden en que tanto la acusación pública como la privada reclamarán cifras muy parecidas si no idénticas. Pero cabe dentro de lo posible que Anticorrupción se cure en salud y cuantifique el importe de las numerosísimas facturas falsas localizadas: solo, aseguran quienes conocen el caso, en previsión de que la Audiencia de Palma tumbe su solicitud original y dictamine que la caución económica debe corresponderse con el de las facturas falsificadas más el tercio de rigor. En ese supuesto, la fianza solidaria sería inferior.
La sombra del embargo también se cierne sobre los bienes de las sociedades que Urdangarin y Torres poseen, ahora cada uno por su cuenta. En lo que respecta al duque de Palma, eso significa que quedarán bloqueados los activos de Aizoon SL, cuya titularidad comparten al 50% el exjugador de balonmano y su esposa. En diciembre de 2011 Aizoon era titular de dos pisos en Palma de Mallorca –uno de ellos, a escasa distancia de un puerto deportivo y otro, en una zona céntrica– y de otro más en Terrassa.
Urdangarin permanece imputado desde diciembre de 2012 en las diligencias que instruye el juez José Castro como pieza separada del caso Palma Arena. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al aristócrata consorte y a su exsocio cinco graves delitos de corrupción: blanqueo de capitales, fraude a la Administración, falsedad documental, malversación y prevaricación. Esa panoplia aún es susceptible de verse ampliada con la imputación de delito fiscal si Hacienda concluye que los manejos contables de la asociación Instituto Nóos y las sociedades mercantiles de Urdangarin y Torres sirvieron únicamente para que sus dueños pagasen menos impuestos.
Para despejar esa incógnita, el juez ha pedido a la Agencia Tributaria que levante el velo de la trama. Es decir, que cuantifique los impuestos que el duque y el exprofesor de Esade tendrían que haber pagado si Instituto Nóos no hubiera tenido el rango de asociación sin ánimo de lucro. Instituto Nóos y sus empresas satélite, entre ellas una con la misma denominación (Nóos Consultoría) cruzaron facturas por importe superior a ocho millones de euros, lo que equivale a casi el 50% de la facturación total del grupo a administraciones públicas y empresas privadas entre 2004 y 2007.
El juez también sigue en su larga espera por las comisiones rogatorias cursadas a Suiza y Luxemburgo para bloquear e incautar fondos de las cuentas cuya titularidad real se atribuye a Urdangarin en un caso y a Torres y su mujer en otro.
