Anticorrupción pide ocho años de cárcel para la cúpula del PP de Camps por financiación ilegal
La Fiscalía Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel para la cúpula del PP que dirigía Francisco Camps. En el escrito de acusación por la instrucción del caso Gürtel en Valencia, el Ministerio Público considera que los exdiputados Ricardo Costa y Vicente Rambla son responsables de un delito electoral por la financiación irregular de la campaña de 2007.
Costa y Rambla se enfrentan a penas de prisión por un delito electoral y también por falsedad en documento mercantil, según la petición de la Fiscalía. Este es el escrito de acusación que ha registrado en la causa por la que el juez ha procesado a la cúpula de varios exdirigentes del PP valenciano y empresarios vinculados con la financiación irregular del PP. Tras la decisión del magistrado, Ricardo Costa presentó su dimisión en las Cortes Valencianas.
El documento también se refiere a los delitos fiscales atribuidos a las empresas de la trama Gürtel, como Orange Market SL y otras sociedades vinculadas a Francisco Correa.
El fiscal confirma que los acusados, entre ellos Costa –que fue vicesecretario general del PP valenciano– y Rambla –que ocupó varios cargos en el Gobierno regional–, “no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente”.
1,2 millones sin facturar
Además, señala que los responsables de la campaña del PP valenciano “abonaron irregularmente” los servicios realizados por Orange Market. “Tales pagos no quedaron reflejados ni en facturación ni en contabilidad”, reza el escrito.
El fiscal sostiene que en las elecciones de 2007 no se declararon ante Hacienda al menos 1,2 millones de euros correspondientes acerca de una veintena de actos, entre ellos uno celebrado el 12 de mayo en Alicante y al que asistió Mariano Rajoy. Los vídeos de campaña, que costaron casi un millón de euros, tampoco pasaron por el fisco, según Anticorrupción.
“La única cantidad declarada por Orange Market y el Partido Popular en Valencia fue 175.000 euros –señala el escrito–. Sin embargo, fue muy superior el servicio que encargó y recibió”.
