Anticorrupción pide una fianza de 258 millones a cada imputado en nueva fase del ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy que se imponga una fianza civil de 258 millones de euros a cada uno de los exdirectivos de Vitalia imputados en la nueva fase sobre los ERE fraudulentos, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras que intervenían en los expedientes.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez Mercedes Alaya ha realizado hoy una comparecencia para acordar las medidas civiles, en la que Anticorrupción ha pedido fianza de 258 millones para los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué, Rosser Masa, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, así como para la esposa de Albarracín y para el presunto testaferro Eduardo Leal del Real.

Mañana están citados, para el mismo trámite, otra parte de los 22 imputados en la nueva fase sobre los ERE, entre ellos el exsindicalista y “conseguidor” Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra.

Se trata de una fianza para hacer frente a la futura responsabilidad civil y no guarda relación con la posible fianza para eludir la cárcel dictada contra siete de los 22 imputados, a quienes la juez decretó entre el 20 y 23 de marzo pasado prisión incondicional, solo eludible bajo fianza de 50.000 euros para Ismael Sierra y Eduardo Leal del Real.

La Fiscalía ha fijado la fianza en 258 millones porque es la cantidad a la que ascienden todas las primas pagadas por la Junta a las aseguradoras implicadas en esta parte del sumario, que considera ilícitas en su totalidad, y no los 2,6 millones a que ascendieron los expedientes con “intrusos”.

A la comparecencia no han acudido los imputados, y los abogados de los directivos de Vitalia, únicos que han acudido, se han opuesto pues, en todo caso, se debería fijar la fianza en el porcentaje de sobrecoste de las comisiones, que la propia juez ha situado en un 15 por ciento superiores a las de mercado.

En marzo pasado, Alaya dictó prisión contra Eduardo Pascual, excoordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; sus directivos comerciales Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y contra Eduardo Leal del Real, propietario de la empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, a las que Alaya imputa haber utilizado para introducir en el mercado financiero las comisiones ilegales.

Además fueron encarcelados el mediador Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra, propietario de varias empresas intermediarias.