Anticorrupción deja en vilo el futuro judicial de Gallardón
“He seguido el consejo de mi padre, que me dijo: Si te vas a dedicar a la política, rodéate de gente mejor que tú para que así tú puedas ser tan bueno como ellos. Tengo tanta confianza en todos mis colaboradores que quiero terminar diciendo que asumo absolutamente la responsabilidad política de todo lo que haya podido hacer cualquier persona de mi equipo en los años que yo goberné la Comunidad de Madrid”.
Había trascurrido una hora y 26 minutos desde que comenzara su intervención cuando Alberto Ruiz-Gallardón aceptó el ofrecimiento de la presidenta para ejercer el último turno de palabra en la comisión de investigación de la corrupción en la Comunidad de Madrid, dedicada en su sesión del pasado 15 de diciembre a esclarecer el presunto primer pelotazo del Canal de Isabel II.
Siete días después de la declación de Gallardón, la Fiscalía Anticorrupción ha hecho pública una nota en la que anuncia que ha solicitado la imputación de todo el Consejo de Adminsitración de la empresa pública de aguas en la época del compareciente como presidente de la Comunidad de Madrid, incluidos sus consejeros de Economía y Medio Ambiente, Juan Bravo y Pedro Calvo, respectivamente, éste último también presidente entonces del Canal.
En la Asamblea de Madrid, Ruiz-Gallardón se congratuló de la existencia de esa comisión de investigación porque había permitido que los técnicos del Canal y el resto de comparecientes hubieran podido enterrar la tesis de que la colombiana Inassa fue comprada en 2001 por un precio desorbitado y la sospecha de desvío de dinero que eso generaba, unido a que se utilizara una empresa vehicular radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá. “Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso”, afirmó rotundo el exministro de Justicia ante la comisión de investigación.
El Canal de Isabel II compró el 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones. En la querella original de Anticorrupción se apuntaba a unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de distintos implicados en la operación.
La actual fiscal del caso, Ana Cuenca, confirma ahora los indicios que aportó a la causa su antecesor, Carlos Yáñez. En su petición de nuevas diligencias al juez Manuel García Castellón, Cuenca sostiene que la compra de Inassa presenta “un cúmulo de irregularidades” durante todo el proceso de adquisición. La fiscal ratifica que no había marco normativo en la Comunidad de Madrid para ejecutar la compra y que se aprobó uno con posterioridad a la operación de adquisición.
“Existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos”.
La querella de Anticorrupción que dio origen al caso Lezo señalaba, tanto a esos miembros del Consejo de Administración del Canal como al Gobierno al completo de Gallardón que autorizaron la compra de Inassa. Para ello, el fiscal Yáñez solicitó una diligencia de ordenación contra el expresidente y todo su Ejecutivo para que la causa no quedara prescrita en noviembre del pasado año.
Su sustituta dice ahora que no puede decidir sobre la “declaración judicial” de Gallardón y su equipo porque no dispone del acta redactada en el Consejo de Gobierno que dio luz verde a la compra de Inassa, ni tampoco de la documentación que manejaron para adoptar esa decisión. Esa documentación, añade la fiscal, “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron ese acuerdo”.
En su declaración ante la Asamblea de Madrid, Gallardón dijo hace ocho días que, si en el momento en que se aprobó la compra de Inassa, “hubiera tenido toda la información que han dado (exconsejeros y cargos del Canal en la comisión)”, él hubiera aprobado igualmente toda la operación.
Fiscalía opina diferente. Entre los que pide que sean citados a declarar como investigados, Anticorrupción señala a algunos de los que comparecieron antes del expresidente de la Comunidad y a los que éste se refería en su rotunda afirmación. Se trata del exgerente del Canal, Arturo Canalda (actual presidente de la Cámara de Cuentas); el exdirector Económico de la empresa pública, José Antonio Cachavera; y el que fuera subdirector de Nuevos Negocios, Juan Pablo López de las Heras.
Refuerzos para la UCO
La fiscal Cuenca asegura, en cualquier caso, que la investigación es muy compleja y que es necesario “impulsarla” por encontrarse en una fase “muy incipiente”. Para ello pide que se dote de refuerzos a los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La fiscal no hace referencia al posible desvío de los 25 millones de euros de las plusvalías que señala la Guardia Civil en sus informes. Anticorrupción solicitó en su momento al juez, y este aprobó, que fueran intervenidos correos electrónicos de Gallardón durante su época en la Presidencia de la Comunidad de Madrid y un rastreo del histórico de sus ingresos. El último escrito de la Fiscalía no hace referencia a este aspecto de la investigación.
Antes de despedirse de los diputados, Gallardón quiso el día 15 marcar diferencias con las etapas de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sin citarles. “No dejen ustedes de investigar porque la garantía para que aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, se les ha intentado meter en un corral que no era el suyo, en expresión de mi compañero Calvo, homologándose con conductas que nunca han tenido, despejen cualquier duda. Pero no solo por mis palabras; los hechos son tozudos y todo lo que se hizo en los años en los que he tenido responsiblidad en la Comunidad, se ha hecho de acuerdo a la Ley”.
