La Audiencia Nacional deniega la extradición a EEUU al exdirectivo español de JP Morgan Martín-Artajo

La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Estados Unidos del exdirectivo del banco JP Morgan Javier Martín-Artajo, reclamado por falsear presuntamente las cuentas de la entidad y llevar a cabo una operación financiera, conocida como 'la ballena de Londres', que provocó pérdidas en la entidad de 800 millones de dólares.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha rechazado la entrega de Martín-Artajo porque los hechos que se le imputan se cometieron en Reino Unido, donde trabajaba como responsable de las operaciones de crédito y capital en la sede de la City londinense, y porque posee nacionalidad española. “Esta consideración se erige en el núcleo esencial y determinante para denegar la extradición”, argumenta.

En un auto, dictado este jueves adoptado contra el criterio de la Fiscalía, los magistrados se oponen a la extradición sin “perjuicio de que las autoridades norteamericanas puedan ejercitar la acción penal sobre el reclamado ante la jurisidicción española” en base al Tratado bilateral suscrito entre ambos países.

La Fiscalía pidió el traslado de Martín-Artajo a EEUU, mientras que este se declaró “inocente” y añadió que podía conducir a su “reclusión perpetua o de por vida” ya que allí se enfrentaba a una pena “absolutamente desproporcionada” de 95 años de cárcel. Estados Unidos le reclama por delitos de fasedad de libros y registros, fraude electrónico, prsentación falsa ante la Comisión Nacionoal de Valores de Estados Unidos (SEC) y fraude de valores y conspiración.

A juicio, del tribunal existen “una serie de obstáculos” como es que la actividad se cometió fuera del Estado requerente y otra circunstancia que “hace más inviable la extradición” como es el hecho de que sea español.

“Dadas las serias dudas respecto a la doble incriminación y al criterio de territorialidad que se aplica pro el Estado reclamante hace que sea determinante en orden a denegar la extradición, la nacionalidad española de la persona reclamada”, concluye el auto, que es recurrible durante tres días ante el Pleno de la Sala de lo Penal.

OCULTAR PÉRDIDAS

Martín-Artajo quedó en libertad con medidas cautelares el pasado 27 de agosto. En octubre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó continuar el trámite de extradición, después de que el Ministerio de Justicia informase que el reclamado era jefe de Operaciones de Crédito y Capital de la Oficina Principal de Inversiones (CIO) de la firma JP Morgan Chase & Co., que mantenía una cartera de crédito --denominada SPC-- que contaba a principios del año 2012 con una suma neta de 50.000 millones de dólares.

En su condición de corredor de valores, el directivo español se encargaba de ajustar al mercado diariamente los libros de operaciones y de determinar el valor justo de mercado de los valores. Esos ajustes eran posteriormente convertidos en parte de la contabilidad y los registros de la entidad.

Durante el primer trimestre de 2012, las autoridades estadounidenses sospechan que Martín-Artajo instruyó a otras personas para que ocultaran las crecientes pérdidas de las SCEP que gestionaba.

La Justicia estadounidense estima que él y uno de sus cómplices manipularon los ajustes para disfrazar pérdidas de unos 767 millones de dólares. Estos informes y ajustes manipulados fueron utilizados por los empleados del banco para preparar los anuncios al público de las ganancias trimestrales. Provocaron así que la firma hiciera presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores, presentando también información inexacta de sus ganancias en varios documentos.

En la vista de extradición, celebrada el pasado 5 de marzo, Martín-Artajo puso de relieve que uno de sus subordinados, Bruno Iskil, fue exculpado por Washington y que Francia no entregará a su compañero Julien Grout, también acusado en estos hechos y con nacionalidad gala. Su abogado añadió que las autoridades norteamericanas no son “muy fiables” porque han incumplido su compromiso de entregar a otro español, David Mendoza, para que cumpla su condena en España.