La Audiencia Nacional designa a Martínez Lázaro como juez instructor en la recusación de De Prada

La Audiencia Nacional ha designado al magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Penal Javier Martínez Lázaro como instructor del incidente de recusación contra el juez José Ricardo de Prada, que juzgará a partir de la primera época de la trama que se realizó entre 1999 y 2005, cuyo juicio comienza el 4 de octubre.

Martínez Lázaro ha sido elegido para instruir esta recusación por turno de reparto. El juez tendrá que pronunciarse sobre si admite esta solicitud del exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, en la que denuncia que el juez de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional tenía una amistad “reconocida y proclamada” con Baltasar Garzón, quien fue expulsado de la carrera judicial por las escuchas ilegales acometidas en esta causa.

La defensa de Pablo Crespo, ejercida por el abogado Miguel Durán, ha afirmado en declaraciones a Europa Press, que van a a presentar “de forma inmediata” un escrito solicitando también la recusación contra Martínez Lázaro, tal y como ya había anunciado en otros escritos, por el mismo motivo planteado en la recusación de De Prada. El letrado cree que le vincula a Garzón la misma relación personal que al juez del tribunal de Gürtel.

Durán considera que designar a Martínez Lázaro como juez instructor es “amañar la decisión” y demuestra que “la ley no es igual para todos”. “La Audiencia Nacional no preserva suficientemente el principio de imparcialidad”, ha apostillado.

UNA VEINTENA DE ACUSADOS SE ADHIEREN A LA RECUSACIÓN

Además, una veintena de acusados se han adherido, al igual que hizo este miércoles el exsecretario del PP Luis Bárcenas, a la recusación de Crespo, ya que comparten que De Prada no debe de juzgarles a partir del próximo martes Sin embargo, el Ministerio Público se ha opuesto a que el juez de la Audiencia Nacional sea apartado de esta causa, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Por su parte, Crespo presentó su escrito de alegaciones en el que solicita que, “a escasos seis días del inicio del juicio”, no existe tiempo material para tramitar la recusación y resolverla de forma adecuada por lo que pide “la suspensión de los señalamientos relativos a la suspensión de la vista oral”.

Crespo se muestra contrario a que el magistrado de la Audiencia Nacional sea uno de los encargados de juzgarle por su implicación en la trama liderada por Francisco Correa debido al vínculo de amistad que le une con Baltasar Garzón, que destapó en 2009 la trama y que acabó siendo inhabilitado del cargo por el Tribunal Supremo tras una querella presentada el propio Crespo.

La defensa del considerado como número dos de la trama indica que, pese a la sentencia firme del alto tribunal por la que apartó a Garzón de la carrera judicial, De Prada ha manifestado que para él, el magistrado sigue y seguirá siendo juez “hasta que decida dejar de serlo” y que vivió “de forma muy intensa y cercana” el procedimiento seguido contra su persona.

Además, la representación procesal de Crespo basa la recusación en la existencia de una “enemistad manifiesta” por parte del magistrado de la Audiencia Nacional contra el investigado precisamente por la interposición de la querella contra Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación en 2012.

LA HIJA DE PRADA

Por otro lado, argumenta que Pilar Eirene de Prada, hija del magistrado, mantiene un “estrecho contacto” con Gonzalo Boyé Tuset, abogado de la acusación popular en varias piezas de la causa. Por ello concluye en que resulta “imposible” suponer que el magistrado recusado pueda tener “la imparcialidad imprescindible” en un caso como este.

En concreto califica de “sorprendente” que ni la acusación popular ni el propio magistrado hayan puesto de relieve que existe “tan estrecha colaboración” entre la hija del magistrado y el letrado que dirige la acusación contra Crespo. Añade que la “afinidad ideológica” de la hija de De Prada con el letrado no es ajena al propio magistrado concluyendo que ello afecta “de manera evidente a la imparcialidad que debe presidir el presente procedimiento”.

El juez Pablo Ruz dictó en marzo de 2015 el auto de apertura de juicio oral contra Bárcenas, que se enfrenta a una petición fiscal de 42 y años medio, contra Correa, que se enfrenta a 125 años y un mes, y otros 37 acusados. Para Crespo, acusado de delitos como blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias, el Ministerio Público pide más de 60 años de cárcel.