La Audiencia Nacional da a Pablo Ruz la competencia para investigar los 'papeles de Bárcenas'

Menos de una hora ha tardado la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional en conceder al magistrado Pablo Ruz la competencia sobre los 'papeles de Bárcenas' y apartar a su compañero Gómez-Bermúdez, que se hizo inicialmente cargo de la investigación al corresponderle por turno la querella presentada por IU y otros para que investigara la presunta financiación ilegal del PP. No ha habido unanimidad en la decisión. El resultado ha sido de dos a uno, con voto particular de la magistrada Clara Bayarri.

A lo largo de las tres horas de vista, las defensas de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta dieron una vuelta de tuerca al debate al reclamar la competencia de la investigación para el juzgado de instrucción nº 30 y no para la Audiencia Nacional (AN), donde los magistrados Pablo Ruz, titular del central nº 5, y Javier Gómez Bermúdez, del nº 3, han librado una batalla por hacerse cargo de ella.

La supuesta contabilidad B del PP recogida en los 'papeles de Bárcenas' recoge donaciones de empresarios a cambio de la presunta concesión de obras públicas a sus empresas, y el reparto de una parte de ese dinero en sobresueldos para altos cargos del partido. Eva Tomás, letrada de Bárcenas, ha afirmado que los papeles desvelados por el diario El País son falsos, pero que aún en el caso de que fueran ciertos los sobresueldos, lo único que demostrarían sería la comisión de un delito contra la Hacienda pública al no haberse efectuado la retención del IRPF, y que en ese caso la competencia no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla, y más concretamente del 30, que fue el que instruyó las primeras diligencias tras la denuncia presentada en su día por Manos Limpias. En este supuesto, sólo los delitos contra Hacienda cometidos en 2007 y 2008 no habrían prescrito.

Javier Iglesias, defensor de Álvaro Lapuerta, ha ido más allá y ha recordado que el delito de financiación ilegal no existe, y que en el supuesto de que las donaciones recibidas por el PP hubiesen superado el límite legal establecido por la Ley General Electoral se trataría de una irregularidad administrativa castigada sólo con una sanción económica.

Los abogados de las acusaciones, encabezada por IU, han reclamado la competencia para el juez Bermúdez porque consideran que los 'papeles de Bárcenas' no tienen conexiones con la instrucción del 'caso Gürtel' , como así reconocieron en un principio tanto el juez Ruz como la fiscalía. Enrique de Santiago, letrado de IU, ha puesto de relieve que el pasado 5 de febrero el titular del juzgado central nº 5 rechazó en un auto hacerse cargo de la investigación, decisión en la que se ratificó en otro auto del 21 de ese mismo mes al no existir, en su opinión, indicios que permitieran vincular la contabilidad de Bárcenas el 'caso Gürtel'.

Sólo cuando IU presentó una querella el día 28 (que por reparto recayó en Gómez-Bermúdez), el magistrado Pablo Ruz pidió a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que buscara conexiones entre las anotaciones contenidas en los 'papeles de Bárcenas' y la documentación incorporada al sumario Gürtel. La Policía encontró tres y Ruz decidió abrir una pieza separada y reclamar a Gómez-Bermúdez que se inhibiera a su favor, lo que desató la guerra entre ambos magistrados, que la Sala debía ahora resolver.

Enrique de Santiago ha puesto de relieve la incongruencia procesal que en su opinión supone que el PP esté personado en el caso Gürtel como acusación y que al mismo tiempo esté acusado como responsable a título de beneficiario en los 'papeles de Bárcenas'. Es lo que Antonio Segura, en representación de la Asociación Libre de Abogados (ALA), denominó “ornitorrinco procesal, que no sabe si es acusación o defensa, defensa o acusación, o ambas cosas a la vez”.

Las acusaciones reiteraron que en Gürtel se investiga una red de financiación ilegal del PP, pero que no sería la única, y que los 'papeles de Bárcenas' corresponderían a otra trama. También sugirieron la existencia de interés partidista en que la competencia recayera finalmente en Ruz. Una hipótesis que el presidente de la Sala, Alfonso Guevara, cortó de raíz. “Está acusando al juez y al fiscal de prevaricación, de actuar a favor del PP, y eso no lo permito”, zanjó.

El fiscal reclamó una vez más la competencia del titular del juzgado central nº 5 y reprochó a Gómez-Bermúdez por haber imputado a los extesoreros del PP y a los empresarios que supuestamente habrían dado dinero al partido a cambio de favores en la contratación de obra publica, y no haber ido, en cambio, contra los dirigentes del partido que habrían recibido sobresueldos. “Los mismos papeles que le sirven para imputar a los empresarios no le sirven para hacerlo con los dirigentes del PP”.