Aviso de Moncloa a los voluntarios del 1-O: “Los particulares están concernidos con la decisión del Constitucional”
El Gobierno de Mariano Rajoy está decidido a emprender las acciones legales necesarias para que no haya urnas en Catalunya el 1 de octubre. Fuentes de Moncloa señalaron que cuando el Tribunal Constitucional declare la nulidad y la suspensión de la ley de referéndum “todos los particulares estarán también concernidos por las decisiones del Constitucional”.
El aviso del Ejecutivo llega horas después de que la Generalitat de Catalunya haya puesto en marcha una web sobre el referéndum del 1-O en la que permite a los ciudadanos registrarse como voluntarios en la consulta bajo el nombre de “personal colaborador de la Administración electoral”.
El Ejecutivo autonómico busca diferentes tipos de voluntarios según la experiencia previa de los candidatos en tareas similares en otros procesos electorales así como su vinculación, laboral o funcionarial, con cualquier Administración pública de Catalunya. Hay cuatro categorías: representantes de la Administración, coordinadores electorales municipales, coordinadores electorales comarcales y agentes electorales.
El Govern no hace referencia a las posibles consecuencias legales que puedan sufrir los voluntarios en su web del referéndum. Solo hace una referencia sobre los miembros de la mesa electoral o los interventores, señalando que “no pueden ser detenidos por ninguna autoridad, salvo que haya un delito flagrante” durante la jornada de la consulta.
La web de la Generalitat, que se acoge a la ley española de protección de datos de carácter personal, comunica que la información de los voluntarios se guardará en un fichero denominado “Actuacions” perteneciente a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la Administración autonómica, que tiene abiertos otros procesos de voluntariado en distintas causas sociales. En caso de que la Fiscalía o los tribunales quieran acceder a esos datos no es necesario el consentimiento previo de los interesados.
Multas del Constitucional
En el artículo 92 de la Ley del Tribunal Constitucional se recoge que si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución podrá “imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado”.
Junto a las actuaciones de la Fiscalía y la Guardia Civil en relación a las empresas que puedan colaborar en la consecución del referéndum, con el aviso a los voluntarios el Ejecutivo central pretende cerrar el círculo para impedir la consulta una vez que ha solicitado al Constitucional que, además de suspender la Ley autonómica, le mande un escrito las consecuencias legales de un posible incumplimiento de la decisión judicial al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y todos los miembros del Govern, a los responsables de los medios de comunicación públicos y a los 947 alcaldes catalanes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó muy clara la posición del Ejecutivo este miércoles cuando anunció los recursos al Constitucional contra el referéndum del 1-O: “Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones, y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo”.
