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El BNG pide recortar el 20% a Zarzuela, el 35% a la Iglesia, actualizar las pensiones y compensar a funcionarios
Los nacionalistas gallegos demandan el mantenimiento del empleo público como un modo de contribuir a la creación de empleo y plantean destinar 1.155 millones para Políticas Activas de Empleo. Otra de las cuestiones que el BNG pone sobre la mesa es la creación de un Fondo especial de financiación para los municipios con poblaciones inferiores a los 20.000 habitantes.
También apuestan por una reforma fiscal más progresiva para las rentas de capital; piden acabar con el Régimen fiscal especial para los desplazados al Estado español, porque “es injusto que las millonarias retribuciones de numerosos deportistas de alto nivel o directivos de empresas tributen al tipo fijo del 24%”; reformar las SICAV, para “evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable para que tributen más”, y un impuesto de grandes fortunas.
MÁS DINERO PARA DEPENDENCIA
En materia educativa, las diputadas del BNG proponen aumentar las partidas para mejorar la Educación pública: 100 millones para el Programa Educa3, 70 millones para la gratuidad de los libros de texto, 800 millones para la formación del profesorado, 150 millones para becas y 20 millones para la educación pública. Asimismo, reclaman mejorar la financiación de la Ley de Dependencia.
En total, los nacionalistas gallegos solicitan elevar en 453 millones las partidas para Galicia. Entre otras cosas, piden 125 millones para la construcción de un dique flotante en Ferrol, 47 millones para el Acceso al Puerto Exterior de A Coruña, 15 millones para la ampliación de la AP-9 en el tramo urbano de Santiago, 10 millones para el Eje Atlántico Ferrol-A Coruña y otros 10 millones para el que une Vigo con la frontera portuguesa.
Asimismo, demandan 658.000 euros más para la Real Academia Galega, 30 millones para un Plan de Desarrollo Industrial en esta comunidad, 20 millones para el Fomento Industrial auxiliar naval, 25 millones para el Plan Lácteo, 10 millones para un Plan de Acción para el sector pesquero, 2 millones para los afectados por paros biológicos en la pesca, 15 millones para un Plan de Desarrollo Rural.
