Rato movió fondos en el extranjero después de que Bankia le reclamara los 133 millones de fianza
Una de las amenazas que se cierne sobre Rodrigo Rato fue en otra época motivo de sus satisfacciones. Bankia reclama a su expresidente la parte que le corresponde por los 800 millones de euros de fianza que la Audiencia Nacional impuso a los imputados en la pieza principal del caso que investiga la salida a bolsa de la entidad. Bankia y BFA adelantaron el pago pero, como publicó eldiario.es el pasado 18 de marzo, están en proceso de reclamación de su parte a Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.
La judicialización de la investigación de Hacienda a Rato –y los consiguientes registro y detención– se precipitó al detectar el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) movimientos de fondos en el extranjero vinculados al exvicepresidente del Gobierno, según fuentes próximas al caso. La parte alícuota de la fianza impuesta a los imputados del caso Bankia por el juez Fernando Andreu ascendería a 133,3 millones de euros, lejos de los tres millones a los que debió responder Rato por la pieza separada de las tarjetas 'black' y para los que encontró un rápido aval en el Banco de Sabadell.
Fuera del caso Bankia, la Fiscalía de Madrid acusa a Rodrigo Rato de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Este último delito estaría vinculado a la distracción de su patrimonio en el extranjero que, de aflorar, resultaría embargado para el pago de las fianzas y de unas eventuales condenas si los casos llegan a juicio.
Bankia y BFA decidieron responder al monto total de la fianza el día antes de que finalizara el plazo de un mes impuesto por el juez. Las entidades aguardaron algún movimiento de los imputados. Cuando comprobaron que no tenían intención alguna de contribuir a su parte de la fianza, decidieron abonar la totalidad. El embargo que decretaría el juez tendría un impacto muy negativo en Bankia, justo cuando la entidad intenta dejar atrás la imagen del rescate y su vinculación a la crisis económica. Desde la entidad pretendían evitar a toda costa una orden de embargo, por ejemplo, a la sede central.
La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri decidió comenzar por el envío de un requerimiento notarial a Rato y sus otros tres antiguos colaboradores. Resta por saber el plazo que pondrán Bankia y BFA al resto para que respondan con bienes y cuentas a los 133,3 millones de fianza. De no satisfacer ese plazo, las entidades pasarán a una segunda fase, la vía civil, para la que están plenamente legitimados, según fuentes jurídicas.
Los imputados han recurrido la fianza impuesta por Andreu ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que no detuvo el plazo de un mes impuesto por el juez instructor. Ahora Bankia puede aguardar a si la Sala confirma o rechaza la medida impuesta por el juez instructor para reclamar al resto su parte.
En el escrito que acompañaba la consignación de la fianza, los abogados de Bankia y BFA ya afirmaban: “La constitución de la fianza por mis mandantes se entiende sin perjuicio de las acciones que procedan en defensa de los derechos e intereses legítimos de BFA y Bankia, en particular contra el resto de los obligados a constituir la fianza de forma solidaria”.
Pendientes de la Sala de lo Penal
La Sala de lo Penal adoptará una decisión después de valorar los motivos expuestos por Andreu, pero también los del fiscal y las otras partes. El juez adoptó la medida después de que los peritos del caso concluyeran en sus informes que Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad con el objeto de poder salir a bolsa. El fiscal del caso, Alejandro Luzón, ya se ha opuesto a la medida por considerarla “prematura” y ha atacado los informes de los peritos, de los que asegura crean “incertidumbres”.
En su recurso ante la Sala de lo Penal, Rato acusa al juez Andreu de atribuirle la responsabilidad civil de la fusión y salida a bolsa de Bankia de forma “errada”, sin “sustento alguno” y con una “palmaria” ausencia de motivación apoyándose en el “débil” informe de los peritos judiciales, informa Europa Press.
