Hacer chistes no es enaltecer el terrorismo: así se defenderá Cassandra en la Audiencia Nacional
“Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella” o “¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche?”. Estos comentarios en Twitter han llevado a Cassandra al banquillo de la Audiencia Nacional. Ella tratará de argumentar que no buscó humillar a las víctimas y que hacer chistes nunca puede ser considerado enaltecimiento del terrorismo, por lo que no debe castigarse penalmente.
Esa será, según fuentes de su defensa, la línea argumental que expondrán sus abogados para intentar que la Audiencia Nacional absuelva a esta joven murciana, para la que el fiscal pide dos años y seis meses de cárcel, más otros tres de libertad vigilada. Su juicio se celebrará este miércoles.
En él, los abogados argumentarán que para que haya delito tiene que existir la voluntad de de humillar a las víctimas, y que en ningún caso esa fue la intención de Cassandra. La misma situación se da para el delito de enaltecimiento del terrorismo, una intención que, según su defensa, no puede entreverse en unos simples chistes en la red social.
Este fue el argumento que usó el cantante César Strawberry en su juicio por la misma acusación. Tanto Cassandra como el líder de Def con Dos fueron detenidos en distintas fases de la Operación Araña emprendida por la Guardia Civil tras sus rastreos por Twitter de comentarios que pudieran constituir un delito.
Strawberry fue absuelto por la Audiencia Nacional al entender, entre otras cosas, que sus tuits tenían un “carácter pacífico”. La sala entendió que los chistes no tenían reproche penal y admitía la ironía o el humor negro en sus comentarios. En el comentario sobre Carrero Blanco -“Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”-, el tribunal dijo que no podía “interpretarse como una llamada a la violencia contra alguna persona, ni como enaltecedor de la acción terrorista”.
Pero el Tribunal Supremo transformó esa absolución en una sentencia condenatoria tras el recurso de la Fiscalía. “Alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales”, decía el tribunal sobre sus tuits.
La interpretación del Supremo, que no se centra en si hubo intención de enaltecer el terrorismo, sino que analiza los mensaje de manera aislada, choca con la defensa que mantendrá Cassandra. A pesar de ello, su defensa insistirá en la argumentación ya mencionada, a lo que añadirán que se trata de una joven de 21 años, que ni siquiera vivió directamente el atentado contra el entonces presidente del Gobierno.
“Que me pidan dos años y medio por hacer chistes sobre Carrero Blanco es un ataque a la libertad de expresión”, denuncio Cassandra a eldiario.es tras saberse la petición de la Fiscalía. Insistió en que algo falla en la Justicia “cuando se persiguen unos simples chistes sobre un personaje histórico”. “También he hecho chistes sobre otros personajes, pero no sé qué pasa con Carrero Blanco”, añadió.
Problemas con el abogado de oficio
El juicio de Cassandra estaba fijado en la semana en la que se agolparon este tipo de procesos en la Audiencia Nacional. Hasta siete usuarios de Twitter iban a ser juzgados por sus comentarios en esa red social acusados de enaltecimiento del terrorismo. Era el traslado a lo tribunales de la conocida como Operación Araña, los rastreos de la Guardia Civil en redes sociales que han concluido con numerosas detenciones en distintas fases.
Pero su juicio se retrasó. Lo pidió ella misma cuando supo qué estrategia de defensa había escogido su abogado de oficio, al que ha definido como un “admirador” de Carrero Blanco. El letrado quería argumentar que sufría “enajenación mental”, y diseñó una línea de defensa basada en sus condiciones psicológicas sin hablar con su defendida. Apenas tuvieron un par de conversaciones en las que, según Casandra, el abogado le confesó su admiración por la figura de Carrero Blanco.
Así, Cassandra pidió al tribunal que le permitiese renunciar a su abogado y optar por el bufete que ahora la defiende, que lo hace de manera altruista, sin cobrarle nada. Aún así, ha tenido que pedir ayuda económica para afrontar los desplazamientos por el proceso.
Durante aquella semana, el miedo a que una absolución en la Audiencia Nacional acabase en condena por el Supremo llevó a muchos acusados a firmar sentencias de conformidad. Se declararon culpables para aceptar una pena menor que les evitase la entrada en prisión. Algunos, como Arkaitz Terrón, decidieron enfrentarse al tribunal para demostrar que publicar ciertos comentarios en Twitter no es delito.
“Mi repercusión en Twitter es cero, pero eso les da igual, soy un titular más que alguien puede leer y se puede asustar”, aseguraba Terrón en conversación con eldiario.es tras su juicio. “El Estado quiere que cuando un chaval vaya a tuitear se lo piense dos veces”, añadió.