Un vocal propuesto por el PP moviliza al Poder Judicial ante el ataque de Interior a 33 jueces catalanes
La última maniobra del Ministerio del Interior contra la opción del derecho a decidir en Catalunya se ha topado de lleno con el órgano de gobierno de los jueces. Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, incluidos los nombrados a propuesta del PP, acordaron ayer por unanimidad exigir explicaciones al departamento de Jorge Fernández Díaz por la publicación de las fotografías de 33 magistrados que firmaron un manifiesto a favor de una consulta sobre la independencia y cuya foto del DNI publicó 'La Razón'. Lo hicieron a propuesta de Rafael Fernández Valverde, magistrado del Tribunal Supremo y perteneciente al sector conservador, informaron a eldiario.es fuentes del Poder Judicial.
La iniciativa del CGPJ se produce a raíz de las informaciones publicadas este jueves en la prensa catalana sobre la declaración de dos agentes en sede judicial. Los jueces presentaron una denuncia en un juzgado de Barcelona tras la publicación de sus fotografías, obtenidas de un archivo de acceso restringido. Los policías confesaron al juez instructor que habían realizado un informe sobre los magistrados que firmaron el manifiesto por orden del jefe de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía en Barcelona, y que en dicho informe se incluían esas fotografías.
El pleno del CGPJ se reunió por la tarde. Cuando llegó el turno de ruegos y preguntas, Fernández Valverde puso de manifiesto las informaciones publicadas en la prensa catalana y propuso exigir una explicación al Ministerio del Interior ante la gravedad de los hechos. Todos los miembros del CGPJ se adhirieron a su propuesta, incluidos los del sector conservador. Fernández Valverde es el vocal de edad del CGPJ, como se denomina al que suma la trayectoria más antigua.
Hasta el momento, Interior había informado de la identificación de cuatro policías que habían accedido a la base de datos del DNI para buscar a los jueces firmantes del manifiesto. Los cuatro agentes estaban destinados en Madrid, Alcalá de Henares y Barcelona.
Los policías que han declarado ante el juez de Barcelona aseguraron desconocer el informe final del informe que redactaron. Las brigadas de Información provinciales de la Policía están destinadas a combatir los fenómenos terroristas, como ocurría con el de ETA o aún el del yihadismo islámico, así como otras violencias de origen político, como las provocadas por los denominados por Interior “movimientos antisistema” o radicales de extrema izquierda y ultraderecha. Su origen es la Brigada de lo Político-Social en tiempos del franquismo, pero una vez finiquitado el régimen, las Brigadas de Información dejaron de perseguir por motivos ideológicos para centrarse únicamente en los delitos.
Los policías relataron al titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona y al fiscal que el comisario jefe de la Brigada les encargó entrar en las bases de datos policiales para comprobar que los firmantes del manifiesto eran magistrados y que sus fotos fueron incorporadas al informe. El juez había admitido a trámite la denuncia de 22 de estos jueces, al constatar una presunta “entrada irregular en ficheros de una base de datos como es el DNI para obtener imágenes y datos para su divulgación al margen de la normativa establecida”, lo que podría ser un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Denuncia de Manos Limpias
El sindicato ultra Manos Limpias denunció ante el CGPJ a los 33 jueces que suscribieron el documento a avor de la consulta por una falta disciplinaria muy grave. Considera que los magistrados habían realizado “una falta de respeto y de acatamiento de la Constitución”. El asunto está pendiente de un informe del Antonio Jesús Fonseca-Herrero, magistrado del Supremo que ejerce como Promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ.
Por su parte, la actuación de los jueces que suscribieron el documento sobre la consulta sigue pendiente de análisis por parte del propio CGPJ, cuyo promotor de la acción disciplinaria tiene pendiente la presentación de una propuesta que puede suponer la apertura a todos ellos de un expediente sancionador o bien el archivo del asunto.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se pronunció a finales de febrero sobre los firmantes del manifiesto. A pesar de que antes había rechazado contestar otras preguntas de actualidad en una rueda de prensa, por atención a su cargo, Lesmes dijo que “lo mejor es no hacer pronunciamientos en temas que forman parte del debate político y que además divide a la sociedad”. “Todos los jueces que integran la carrera judicial tenemos un mandato legal explicitado en muchas normas donde se dice que debemos procurar y debemos ser imparciales y neutrales”, añadió.
