CIDH y ACNUDH expresan su preocupación por matanza de indígenas en Brasil

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresaron hoy su preocupación por la reciente matanza de al menos diez miembros de una tribu aislada en el norte de Brasil.

El suceso tuvo lugar el pasado agosto dentro de la reserva Vale do Javari, que atraviesa el río Jandiatuba, cuyo cauce, con 500 kilómetros de longitud, baña varias reservas indígenas en el estado brasileño de Amazonas.

“La región se enfrenta en el presente a un contexto caracterizado por el incremento de las incursiones y de actos de violencia en contra de las comunidades en aislamiento voluntario y contacto inicial en la región del Vale do Javari”, señalaron ambos organismos en un comunicado conjunto divulgado hoy por la CIDH.

“La denuncia surgió después de que algunos mineros fueran vistos en el municipio de São Paulo de Olivença, en el oeste del estado de Amazonas, hablando sobre el ataque”, reveló en un principio la brasileña Fundación Nacional del Indio (Funai), que más tarde informó de la presencia de mujeres y niños entre las víctimas.

El pasado 8 de septiembre, la Fiscalía brasileña anunció que abriría una investigación para aclarar el asesinato de estos indios, conocidos como “flecheiros”, medida que ha sido recibida con satisfacción por parte de ambos organismos.

“El gobierno brasileño informa que las investigaciones por parte de la Fiscalía y la Policía Federal están ocurriendo por solicitud de la Funai, y que los mineros ilegales vistos mencionando el alegado ataque han sido detenidos y conducidos a dar testimonio, cumpliendo con orden de búsqueda y aprehensión”, recoge el comunicado.

La CIDH y la ACNUDH recordaron a todos sus estados miembros su “obligación especial” de proteger y respetar los derechos de las comunidades en aislamiento voluntario y en contacto inicial por su situación “única” de vulnerabilidad.

En los últimos tiempos, Brasil ha experimentado un agravamiento de los históricos enfrentamientos entre indios y hacendados que tiene su reflejo en el aumento de denuncias por parte de comunidades indígenas que aseguran ser víctimas de numerosas incursiones y ataques perpetrados por mineros, cultivadores y madereros ilegales.

En este sentido, la CIDH y la ACNUDH lamentaron la desaparición hace unos años de la Base de Protección Etnoambiental (BPE), una institución que ofrecía “salvaguardia” a las comunidades indígenas aisladas y cuya suspensión habría dejado a estos grupos “en una situación de desprotección frente a terceros”.

Asimismo, tanto el órgano autónomo de la OEA como el de las Naciones Unidos mostraron también su preocupación ante una serie de informes recibidos que apuntan a otra posible masacre, en esta ocasión sufrida por miembros de la tribu Warikama Djapar, una comunidad indígena que se encontraba en fase de contacto inicial.

De acuerdo con la Funai, en 2016 la violencia en el campo alcanzó sus peores niveles en trece años, con 1.536 conflictos que dejaron 61 muertos, de los cuales 13 eran indios y 4 descendientes de esclavos prófugos.