El Canal denunció la compra ruinosa de una constructora de Brasil a través de una sociedad panameña
En el año 2013, la empresa pública Canal de Isabel II compró la compañía brasileña Emissao Engenharia e Construccoes. La adquirió la filial colombiana del Canal, Inassa, a través de una sociedad uruguaya y de una compañía panameña vinculada al bufete Mossak Fonseca. La operación, que se pagó a cuentas de bancos suizos, costó 21 millones de euros, un 75% por encima del precio real de la constructora.
Este es el resumen del escrito que el 12 de julio de 2016 presentó Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente de Canal de Isabel II, en la Fiscalía General del Estado. El documento, de 10 páginas, denunciaba que esa operación se había hecho a espaldas de los gestores del Canal y en perjuicio de sus cuentas.
La Fiscalía llevaba ya un año investigando las irregularidades de la empresa pública y sumó a sus pesquisas la información aportada por el gobierno de Cristina Cifuentes. El resultado es la operación que este miércoles se ha saldado con la detención de una docena de personas, entre las que están el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente ejecutivo de Inassa.
El relato de la denuncia comienza señalando a Rodríguez Sobrino como el responsable de los negocios del Canal en América Latina. También recuerda que tuvo que abandonar su cargo el 16 de abril cuando se desveló que también tenía vínculos con varias sociedades de Hong Kong (considerado paraíso fiscal hasta 2014).
Una inversión “interesante”
El escrito hace un relato detallado de cómo se produjo la compra de Emissao. Comenzó a finales de 2012 como una oportunidad de inversión y la propia Inassa certificó unos meses más tarde en un informe que comprar la constructora era “estratégicamente interesante para la entrada en el mercado de Brasil”.
Así, los directivos de Inassa aprobaron en abril de 2013 la compra del 40% de Emissao. Rodríguez Sobrino informó de que la operación tenía que realizarse a través de una sociedad uruguaya (Soluciones Andinas de Agua). La razón era que Brasil limitaba la entrada de capital extranjero en las empresas nacionales, pero que ese país y Uruguay eran miembros de Mercosur y mantenían buenas relaciones comerciales.
El documento señala en este punto que Rodríguez Sobrino tenía relaciones económicas con accionistas dueños de la sociedad uruguaya. Se refieren a Ignasi Maestre Casanovas, experto en ayudar a grandes fortunas a evadir impuestos y que controlaba la empresa a través de una sociedad panameña constituida por el bufete Mossak Fonseca.
Durante los meses siguientes, Rodríguez Sobrino siguió cumpliendo con los trámites de la operación. Compró la compañía uruguaya a la sociedad panameña de Maestre y fijó el precio de la operación de adquisición de la constructora brasileña: 21 millones de euros. Además, informó de que se iba a adquirir el 75% de la empresa y no el 40%, como había dicho inicialmente, sin dar ninguna explicación.
Sin una valoración independiente
La operación se aprobó, señala el escrito, sin “ninguna referencia a una valoración independiente de la compañía”. El Canal denuncia que no tuvo ninguna información sobre esta compra y hace referencia a un informe de la consultora KPMG en el que alertaba de la mala situación financiera de Emissao. Inassa recibió ese documento pero nunca lo trasladó a los gestores del Canal.
La enmarañada compra se cerró en noviembre de 2013. Se pagó a través de una cuenta de Inassa en Miami a bancos suizos y panameños, sin que los gestores del Canal lo supieran, según hacen constar en el documento que entregaron a la Fiscalía. Señalan también que el precio de compra, 21 millones de euros, permaneció inalterable a pesar de las advertencias de la auditora.
Un año después, el Canal Isabel II hizo una valoración de la empresa brasileña que había comprado. El resultado fue que Emissao valía cinco millones de euros, 16 menos de lo que habían pagado por ella. Los responsables de la empresa pública que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid reunieron entonces las pruebas que llevaron a la Fiscalía por los posibles perjuicios económicos que les habría provocado esta operación.
