Cañete no informó al Congreso de que su petrolera opera con una concesión administrativa
En la relación de intereses que los diputados presentan ante el Congreso, Miguel Arias Cañete no incluyó que una de las empresas en las que tiene una participación opera gracias a una concesión administrativa del puerto de Ceuta. Según informa El País, el ministro de Agricultura no lo ha comunicado durante las dos últimas legislaturas y en su declaración se llega a especificar que la actividad de la empresa petrolífera no tiene “ninguna relación con el sector público”.
La información detalla que en el registro de intereses, Cañete incluyó su participación en la Compañía Mercantil Petrolífera Ducar S.L., cuya actividad es el almacenamiento y suministro de combustibles a buques en la ciudad autónoma de Ceuta. El todavía ministro de Agricultura y cabeza de cartel del PP para las europeas del próximo 25 de mayo estuvo al frente de la empresa hasta diciembre de 2012, cuando pasó a formar parte del Gobierno de Mariano Rajoy. En la actualidad, dispone de un 2,5% del accionariado, por valor de 185.000 euros.
Ducar realiza su actividad gracias a una concesión administrativa, extremo que no se detalla en el registro de intereses presentado al Parlamento a pesar de que la concesión de la autoridad portuaria de Ceuta se prorrogó en 2008 hasta el año 2020 para almacenar y suministrar combustible líquido a buques. En la resolución se establece el pago de dos tasas, “por ocupación privativa del dominio público” y por “aprovechamiento especial del dominio público portuario”. La autoridad portuaria de Ceuta tiene un consejo con representantes de la ciudad autónoma y depende del Ministerio de Fomento, es decir, la empresa tiene relación con el sector público.
La Comisión del Estatuto del Diputado autorizó a Cañete en la anterior legislatura a que compatibilizara su actividad privada con la pública con la aclaración de que Ducar “no tiene relación con el sector público ni directa ni indirectamente”. Según el titular de Agricultura, las empresas de las que dispone una participación no guardan relación con la Administración ya que no le facturan sus servicios.
