La Casa Real no aclara si el rey tiene acciones en empresas españolas que representa en el exterior
El rey Juan Carlos podría ser juez y parte en la marcha de las principales empresas de nuestro país sin que nadie tuviese acceso a esa información. La Casa Real evita confirmar o desmentir si el rey posee acciones de empresas entre un patrimonio que, por el momento, Zarzuela se niega a desvelar pese a haber solicitado su inclusión en la futura Ley de Transparencia. A preguntas del eldiario.es, un portavoz oficial de la Casa del rey afirma: “No informamos sobre el patrimonio del rey. No podemos confirmar ni desmentir si tiene acciones o no”.
Según la información facilitada por Zarzuela a esta redacción, el rey se benefició de dos herencias procedentes de su padre: una con fondos en Suiza y otra con activos en España. La segunda parte de la herencia incluía dinero en efectivo, bienes inmuebles y una cartera de acciones valorada en 200 millones de pesetas a principios de los años 90.
Los últimos datos derivados de la instrucción del caso Nóos desvelan que el monarca prestó 1,2 millones en 2004 a 23 años y sin intereses a la infanta Cristina para adquirir el Palacio de Pedralbes. La información procede de un informe de Hacienda incoporado a la causa que la fiscalía quiere arrebatar al juez Castro. Con anterioridad a estas nuevas revelaciones, trascendió la existencia de cuentas en Suiza a nombre del monarca, procedentes de la herencia recibida por parte de su padre. De aquella herencia, el rey recibió una importante cantidad de acciones en empresas sin determinar por un valor global de 200 millones de pesetas.
Según la Casa Real, del dinero de Suiza (dos millones de francos) no queda nada, ya que el rey lo utilizó para pagar deudas y hacer frente a sus gastos. La cuenta fue cancelada en 1995. No aclara qué ocurrió con las acciones: se desconoce por tanto si el monarca invierte en alguna de las empresas cuya actividad impulsa en el extranjero.
El jefe del Estado maneja una importante cantidad de información sobre los movimientos empresariales al más alto nivel y sus planes de desarrollo fuera de España. A la hora de referirse a la labor de Juan Carlos I, miembros de todos los gobiernos han aludido históricamente a su labor como embajador de la economía española en el extranjero. Cada vez que una empresa consigue un importante contrato fuera de España, es habitual que la mano del rey se señale de manera más o menos velada como artifice de la generación de negocio exterior.
Así ocurrió en la concesión del contrato del tren de La Meca a Medina, conocido como “tren del desierto”. Ese millonario contrato condedido por la monarquía saudí beneficiará a empresas como Talgo, Indra o OHL. La pregunta que suscita la opacidad de Zarzuela sobre las actividades empresariales del monarca es evidente: ¿podría el rey ganar dinero con sus gestiones a favor de las empresas españolas? Según los expertos consultados, nada está previsto en la legislación española que, de manera específica, pudiera impedírselo. Mientras, Zarzuela insiste en no divulgar información alguna sobre los negocios del rey, si es que estos existen.
Al margen de su contacto con empresarios y mandatarios de otros gobiernos, el monarca español obtiene información de primera mano por otras vías. El rey, en su calidad de jefe del Estado, es uno de los destinatarios de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El espionaje español se encuentra en pleno proceso de especialización en materia económica con la creación de unidades específicas en el ámbito de la llamada “inteligencia económica”. En los planes de Seguridad Nacional se considera que prever los riesgos para la economía de nuestro país es un objetivo prioritario. Las conslusiones de esos trabajos de espionaje económico acaban sobre la mesa de trabajo de Juan Carlos I. ¿Podría utilizar el rey esa información en su beneficio? La respuesta es no, pero con matices. La ley impide el uso de información privilegiada, pero sería imposible probar tales prácticas por parte de un miembro de la Casa Real. La opacidad que rodea a la institución haría prácticamente indemostrable la existencia de dichas prácticas, en caso de haberse producido.
En el mundo económico es frecuente la aplicación de diversos cortafuegos y filtros que impiden que un alto cargo de una empresa pueda utilizar la información privilegiada que pasa por sus manos para su beneficio personal. La CNMV es el órgano de control encargado de velar por la aplicación de este tipo de medidas. De este modo, es frecuente que los altos directivos de las entidades financieras dejen sus carteras de inversiones en manos de brókers a quienes autorizan para mover el dinero pero a los que no dan indicaciones. Se trata de separar la acción ejecutiva en una gran empresa de los intereses personales de quien ostenta esa responsabilidad.
