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Castilla y León, la comunidad que mejor gestiona la dependencia y la Valenciana la peor
El Observatorio Estatal para la Dependencia, reunido hoy en Segovia, ha concluido que la Comunidad de Castilla y León, con 9,3 puntos, y el País Vasco, con 8,3, son las comunidades que gestionan mejor la dependencia en España, mientras la Valenciana se encuentra en el último lugar, con 0,4.
Este dato, analizando varios parámetros, ha sido dado a conocer por el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez Navarro, quien ha precisado que a la cola, con un 0,4, figura la Comunidad Valenciana, donde se han cerrado residencias, y Canarias, con un 0,8, así como Ceuta y Melilla, con un 1,3 puntos.
El Observatorio Estatal para la Dependencia ha concluido que el sistema de atención a dependientes está “colapsado” y ha llegado a un “punto total de estancamiento” con 190.000 personas en espera de prestación.
Ramírez Navarro ha manifestado que en España “morirán entre 60.000 y 70.000 dependientes con derechos reconocidos, mientras esperan una residencia o una ayuda”.
“El sistema de atención a dependientes está en proceso de demolición”, al límite de su capacidad, según Ramírez, quien ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy de “derogar prácticamente la Ley de Dependencia” con cinco decretos, retirando derechos o aplazando atención a dependientes moderados y reduciendo financiación.
Ha recordado que el 54 por ciento de los dependientes en España cuenta con más de 80 años y el 75 por ciento tiene una edad superior a los 65 años, mientras que el sistema se estanca en 750.000 personas y solo se incorporan nuevos beneficiarios a medida que se registran bajas.
De acuerdo con el Observatorio, durante el año pasado, se registraron 1.644.284 solicitudes, mientras que fueron evaluadas 1.530.190 personas, de las que se dictaminó que 944.345 tienen derecho a prestación, siendo atendidas 753.842.
Con unas 190.000 personas que deberían estar siendo atendidas por derecho, a la espera de prestación, al ritmo medio de incremento de las peticiones del último año, se tardaría más de 80 años en dar cobertura y en algunas comunidades tendría que pasar más de un siglo.
El Observatorio ha detectado que se están reduciendo paulatinamente las personas con gran dependencia, 23.608 en el último año, sin que la reposición por agravamiento de las personas con dependencia severa supla a los primeros.
En términos de financiación, en 2013 se redujo el gasto público en un 4 por ciento, unos 212 millones de euros menos, respecto al anterior, cifrándose en un total de 6.300 millones de euros.
Se estima que el ahorro acumulado solo por la pérdida de expedientes de grado de gran dependencia estará entre 16 y 18 millones de euros, si se considera desde julio de 2012.
En todo caso, prosigue el Observatorio, el número de personas en situación de dependencia dictaminada, independientemente del grado, ha sufrido una reducción interanual neta de 26.306 (-2,1 por ciento).
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