El presidente de Castilla y León acusa al empresario eólico que le avisó del “abuso de poder” de querer hacer negocio

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha visto obligado a hacer “un ejercicio rápido de transparencia, el mejor de los remedios”. Lo hizo después de más de un mes sin comparecer ante los medios, convocando con una hora de antelación y para dar respuesta a dos informaciones, las dos publicadas en eldiario.es, una de ellas en exclusiva. La carta de un empresario de parques eólicos que en 2006 alertó a Herrera de un “abuso de poder” en la tramitación, puso en la diana al presidente. “Teniendo en cuenta que estamos en precampaña y que hay una comisión de investigación, es una coincidencia casual”, ironizó.

Herrera aseguró que se había preparado “volando” las explicaciones sobre la carta del empresario, “porque no es algo nuevo”. Las pistas, dijo, se las dio el Grupo Parlamentario Socialista, que emplea “una estrategia sucia”. Centrado en la carta, admitió su existencia, aunque advirtió que no la facilitaría a los medios y desgranó algunas partes. “El responsable de Ibervento habla de injusta discriminación, que son opiniones de parte, y de múltiples encuentros con representantes de Economía”, apuntó para defender que la Junta se interesó por el problema. Sin embargo, se apresuró a decir que la carta “es un documento de carácter reservado y secreto” a la que tuvieron acceso “dos distinguidos y activos miembros del Grupo Parlamentario Socialista” el pasado mes de febrero. Lo que no explicó es la razón de que la comisión de investigación de la trama eólica, en la que el Partido Popular ostenta la mayoría, se declarase secreta.

Para justificar la actitud de la Junta, Herrera se refirió a una querella interpuesta por Ibervento en un juzgado de instrucción burgalés y que acabó archivada. “Se puso 7 meses antes de escribir esa carta. Yo hubiese preferido que antes de llegar a eso, se hubiese intentado hablar con nosotros”, lamentó el presidente. Lo cierto es que Ibervento no dejó en ningún momento de escribir a distintas instancias del Gobierno Regional. “Lo que quería Ibervento era vender”, justificó.

Este diario recordó a Herrera que los parques de Ibervento habían obtenido la Declaración de Impacto Ambiental y por ley debían autorizarse en los tres meses después, pero eso no ocurrió en tres años, por lo que era normal que el empresario quisiera vender. “Eso lo sabe usted que se ha estudiado el tema esta mañana antes de venir, pero yo desconozco esos extremos”, se despachó Herrera, que minutos antes aseguraba saberse el tema “de la cruz a la raya”. El Boletín Oficial de Castilla y León sostiene todo lo publicado por eldiario.es. Aún así, el presidente de Castilla y León volvió a insistir en que la intención del empresario era “vender”, y por eso acabó desistiendo de la queja interpuesta en Bruselas. Lógico, Ibervento acabó vendiendo los parques, sin autorizar, a Prodener, del Grupo Collosa, vinculado, según Hacienda, a la trama eólica. Dos días después, Collosa conseguía esa autorización que durante tres años se paralizó para Ibervento. “Es que querían vender”, repitió Herrera.

Sin embargo no supo valorar la venta millonaria realizada por quien formó parte de su equipo, Alberto Esgueva, responsable de la oficina de internacionalización de la Junta, que vendió su parque a Collosa por 47 millones de euros, una operación que puso en alerta a la Agencia Tributaria y que destapó la trama eólica en abril del pasado año. “Desconozco el caso”, respondió, “pero me lo estudiaré y le contestaré en la próxima comparecencia”, aseguró. “Actuamos con acierto y prudencia en el caso Ibervento. Me alegro de no haberme reunido con ese empresario porque cualquier otra iniciativa se habría interpretado como debida”, zanjó.

El otro asunto por el que Herrera convocó la rueda de prensa de urgencia, fue la declaración judicial del delegado territorial de la Junta, Pablo Trillo, en el caso del edificio de Economía conocido como 'Perla Negra'. Trillo, que figura entre los 26 investigados, relató ayer al juez que en 2008 se reunió con Herrera para alertarle de que tanto el precio de alquiler como el de compra que se estaba manejando “era disparatado”. “A quien corresponde valorar esa declaración, es al juez”, avanzó Herrera. No obstante, el presidente de la Junta se reunió ayer con Trillo. “No sé si complicidad es la palabra más adecuada, pero hablamos en tono sereno. Él me transmitió los términos en los que la fiscal y el juez se habían interesado”, afirmó.

Según Herrera, la decisión de comprar el edificio con una rebaja sustancial fue cuestión de los técnicos. “¿Es que no me han entendido? ¿volvemos a empezar con la comparecencia?”, cuestionó cuando se le volvió a preguntar por su papel. “Yo no fijé el precio, yo recomendé, aconsejé, dispuse, expresé mi opinión de que se escuchasen las valoraciones de nuestros técnicos”, insistió. Aún así, no quiso pronunciarse acerca del sobrecoste que, según la tesis de la Fiscalía y un informe de la Intervención General del Estado, se produjo incluso con dobles facturas.

“Ofrezco mi colaboración al juez, no sé cuál es la fórmula, pero le daré explicaciones a él y a ustedes, que son el brazo armado de la opinión pública”, aseveró. “Estoy muy tranquilo porque hay una investigación judicial”, explicó. Pero no supo argumentar cómo era posible que con la transparencia de la que hizo gala, no se hubiese conocido, de no ser por la investigación judicial, que la Junta adjudicó la división interior del Perla Negra a Unifica Servicios Integrales, la empresa que hizo la reforma de la sede del PP de Madrid y que se pagó con dinero de la Caja B de Bárcenas. “Es una apreciación muy valiosa. No volverá a pasar porque vamos a poner en marcha mecanismos de control”, dijo.

Herrera también reconoció que no recordaba qué era lo que había hablado con el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, al que los imputados señalan como el que tomaba “todas las decisiones”, pero bromeó diciendo que “no es el más expresivo de todos” para a continuación añadir: “Yo le quiero muchísimo”.

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, calificó la rueda de prensa de Herrera, como “un día histórico para Castilla y León”, ya que es la primera vez que obligado por el cerco que le rodea“ y ”arrastrado por las circunstancias“ ha dado ”medias explicaciones“ a la prensa sobre las informaciones que aseguran que un empresario alertó al presidente del ”abuso de poder“ en la tramitación de los parques eólicos y sobre la declaración en el juzgado de Pablo Trillo. Tudanca acusó a Herrera de conocer desde el origen todo lo que ocurría en la Junta respecto a las adjudicaciones de los parques eólicos en Castilla y León sin hacer nada.”Consintió y confirmó en sus puestos a los responsables de las extorsiones a los empresarios y se ha quemado las manos“, afirmó.

Tudanca puso el acento en el hecho de que a Herrera le pareciese normal que los empresarios eólicos pasasen por los despachos de la Consejería de Economía. “Parece mentira que ese sea el 'modus operandi'”, lamentó.