El Gobierno aprueba este viernes limitar la instrucción de causas a entre seis y 18 meses

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo fundamental es limitar a seis meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 meses los más complejos para agilizar así la justicia.

Catalá ha explicado que estos plazos tendrán un margen de flexibilidad y ha dicho que no considera imprescindible aumentar la plantilla en los juzgados para aplicarlos porque, a su juicio, se puede lograr una mayor eficiencia con otras medidas como la informatización o las mejoras en los procedimientos.

“Igual que los plazos de los recursos obligan a los ciudadanos, igual que la administración tiene unos plazos para resolver los procedimientos administrativos, también el orden jurisdiccional es razonable que tenga unos plazos para resolver los procesos”, ha dicho Catalá en rueda de prensa tras participar en el Consejo de Justicia de la UE.

“La propuesta que mañana (por este viernes) presentaremos al Consejo de Ministros lo que plantea es fijar unas referencias: que las instrucciones de menor complejidad tengan un plazo de 6 meses y las de mayor complejidad tengan un plazo de 18 meses, como regla general”, ha explicado el ministro de Justicia. “Esas reglas podrán ampliarse cuando así lo considere el órgano instructor y también la fiscalía informe favorablemente”, ha agregado.

Según ha explicado Catalá, la definición de los plazos “se ha trabajado con fiscales, con jueces y con catedráticos y todo el mundo entiende que es razonable incorporar esas referencias”. El objetivo es agilizar los procedimientos porque “una justicia lenta es una justicia de menos calidad”, ha alegado.

La reforma que plantea el Gobierno “va a permitir agilizar los tiempos sin necesariamente incrementar las plantillas”. “Ese binomio de agilidad=más plantilla, no estoy de acuerdo en absoluto. Se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden mejorar los procedimientos, se pueden incorporar nuevas tecnologías, se pueden simplificar modelos organizativos” o mejorar la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la fiscalía las investigaciones, ha defendido el ministro de Justicia. No obstante, ha dejado claro que el Gobierno creará nuevas plazas cuando sea necesario.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal plantea también la simplificación de la tramitación procesal. “Los macroprocesos dejarán de estar conectados entre sí y se instruirá una causa por cada uno de los delitos, y no esa complejidad que en ocasiones hemos conocido”, ha explicado Catalá.