Un alto cargo de Justicia rectifica su apoyo a una recalificación urbanística ilegal tras ser señalado por un fiscal
Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Ministerio de Justicia al que el fiscal César Estirado -que investiga un caso de presunta corrupción en Hoyo de Manzanares- intentó denunciar por prevaricación, ha rectificado el trámite que firmó para poder inscribir en el registro de la propiedad una finca fruto de un recalificación ilegal aprobada por el Gobierno municipal, en manos del Partido Popular.
La denuncia contra el director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia la frenó el Fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, quien retiró de la querella redactada por Estirado, especialista en urbanismo y responsable de la investigación, el nombre del mando del ministerio. Finalmente, en el escrito firmado por el fiscal jefe de Madrid y admitido a trámite por un juzgado de Colmenar Viejo se acusa de prevaricación al alcalde de Hoyo, Ramón Regueira, del PP, y a siete concejales -seis del Gobierno y una de Ciudadanos que completa la mayoría- junto dos asesores municipales, a dos ediles también del PP de la legislatura anterior y a dos arquitectos de la Universidad Antonio de Nebrija, promotora del terreno sobre el que se pretendía levantar una edificación de un centenar de viviendas pasando por encima de las normativas urbanísticas.
La implicación del alto cargo de Catalá en la causa de Hoyo de Manzanares guarda relación con su decisión del mando de Justicia de inscribir la finca en el registro de la propiedad después de que una funcionaria se hubiese negado a hacerlo, alegando que la parcela incumplía no solo la normativa urbanística municipal, también la Ley del suelo. El alto cargo del Ministerio dio la razón a la universidad privada, la promotora del suelo, en el recurso que esta había planteado contra la resolución de la registradora de la propiedad quien había dejado por escrito que el Gobierno municipal de Hoyo de Manzanares había autorizado “una segregación de un terreno que incumple el planeamiento municipal, admitiéndolo claramente”.
En la respuesta al recurso, el director general de Justicia avaló la inscripción de la finca con el argumento de que la legalidad de una parcela compete a las administraciones o a los juzgados pero no debe ser enjuiciado por un registrador de la propiedad. Ese razonamiento supuso que la parcela fuese inscrita, aunque posteriormente la Comunidad de Madrid acabó tumbando ese desarrollo urbanístico por vulnerar las normativas de suelo. La urbanización nunca se llegó a levantar pero el fiscal que estudió el caso a raíz de la denuncia de un partido independiente, Unidos por Hoyo, que se había escindido del Partido Popular, acabó incluyendo al cargo de Justicia entre los querellados en el borrador de denuncia que nunca llegó al juzgado.
La imputación del director general de Catalá deberá volver a decidirla el Fiscal Jefe de Madrid, José Javier Polo, después de que desde el nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, haya invalidado la junta de fiscales de Madrid del pasado 30 de noviembre, en la que se abordó el asunto pero se impidió votar a los fiscales, tal y como es preceptivo cuando un miembro de la carrera invoca el artículo 27 para solventar su discrepancia con la orden de un superior.
De momento, el alto cargo de Justicia ya se ha corregido a sí mismo y ha rectificado su decisión en un escrito remitido el pasado 3 de Noviembre a la agrupación de electores que denunció la operación urbanístico y que ha sido incluido en las diligencias judiciales que investigan esta presunta corruptela urbanística. En el escrito con membrete del Ministerio de Justicia y firmado por el propio Javier Gómez Gálligo, el alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy alega que cuando autorizó la inscripción de la finca no contaba con toda la información de la que hoy dispone.
En ese documento que corrige su informe anterior y ahora rechaza la inscripción de la polémica parcela, el director general del Justicia subraya que en el momento de adoptar aquella decisión se desconocía que la Comunidad de Madrid hubiera rechazado el proyecto urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Hoyo ni que el Gobierno municipal hubiera desistido de cambiar la calificación de la finca. “Toda esta información complementaria, muy importante sin duda, no pudo ser tenida en cuenta al por esta Dirección General al resolver el recurso, puesto que no constaba en la nota de calificación o porque fueron posteriores a la nota de calificación”, escribe ahora el mando de Justicia, quien subraya que la única cuestión resulta en julio de 2016 a la hora de autorizar el registro fue “la duda fundada y razonable sobre la viabilidad de dicha segregación”.
La marcha atrás del alto cargo de Justicia en ese documento al que ha tenido acceso eldiario.es se conoce solo nueve días antes de que los 211 fiscales de Madrid deban votar (el próximo 10 de enero) sobre la decisión del fiscal jefe provincial de apartarlo de la denuncia. La opinión de la mayoría no es vinculante para el responsable de la fiscalía en Madrid que puede imponer su criterio. Y de momento, Polo ha repetido que no ve razones para investigar al director general del Gobierno en el asunto de Hoyo de Manzanares.
