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Rafael Catalá sale a jugar por fin de titular para cubrir los agujeros de Gallardón

Catalá prevé que el reglamento europeo de protección de datos se apruebe en 2016

Pedro Águeda / José Precedo

Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961) tendrá su oportunidad de marcar su impronta en la justicia española. Su mandato, más allá del periodo en funciones, había durado poco más de un año en la última legislarua. Llegó al departamento tras la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, fruto de una de las grandes derrotas políticas del Gobierno de Mariano Rajoy, la reforma de la Ley del Aborto, en septiembre de 2014.

Su amplia trayectoria en la Administración del Estado auguraba un perfil técnico, pero Catalá se ha soltado siempre que ha podido en sus declaraciones públicas hasta competir con Jorge Fernández Díaz y vincular a la oposición política con el terrorismo. “Podemos es un entorno político que tiene cercanías con el movimiento independentista y que tiene cercanías con el movimiento terrorista etarra”, ha soltado siendo titular de Justicia y, por tanto, notario mayor del Reino.

Antes de recalar en justicia ocupó la secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la mano de Ana Pastor. Con José María Aznar fue secretario de Estado de Justicia, además de haber ocupado distintos cargos en Sanidad, Educación, Hacienda y Administraciones Públicas.

La trayectoria de su antecesor en Justicia fue la historia frustrada de grandes proyectos, entre ellos un Código Procesal Penal que sustituya a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactada en el siglo XIX, que supere a las reformas a la que ha sido sometida en los últimos años. Gallardón también implantó una Ley de Tasas que a Catalá le tocó corregir.

Queda por ver si Rajoy resucita su pacto con Ciudadanos y cambia el modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como acordaron, restando poder al Parlamento y entregándoselo a los propios jueces.

Catalá ha transmitido en los últimos tiempos la necesidad de establecer con la oposición una suerte de “pacto por la Justicia”, bajo la denominación de “Estrategia Nacional”. El ministro cuenta para ello con el PSOE y Ciudadanos y descarta a Podemos, según ha confesado a distintos interlocutores.

Pero si alguna decisión de Catalá tendrá de inmediato gran trascendencia será el nombre del fiscal o fiscala general del Estado, pendiente de renovación. La Fiscalía, institución de carácter jerárquico, tiene en su seno otros puestos vitales pendientes de renovar, como el jefe de la Fiscalía Anticorrupción o el del Ministerio Público en la Audiencia Nacional.

Su proyecto estrella para recortar los plazos de la instrucción judicial encalló al final de su mandato, tal y como se encargó de certificar el Consejo Fiscal - el máximo órgano de representación de la carrera que preside la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. Aunque su labor fue la de calmar al mundo de la Justicia tras la azarosa gestión de Gallardón, su mandato fue muy contestado por las asociaciones de fiscales y jueces.

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