Ciudadanos busca que PP y PSOE se comprometan a acabar con el 'pasteleo' en el Constitucional
Albert Rivera quiere terminar con el intercambio de cromos que sigue funcionando entre los dos grandes partidos a la hora de repartirse los cargos institucionales, especialmente en los principales órganos judiciales. La indignación en Ciudadanos ha estallado al ver cómo de nuevo el PP y PSOE han cerrado un acuerdo, “como si se tratara de una tarta o un pastel”, para renovar a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que están pendientes de elegir por el Senado.
Ese acuerdo, que ha excluído para la presidencia al exdiputado conservador Andrés Ollero, fue desmentido en un principio por los dos partidos. Pero los hechos al final les han dado la razón.
La negociación, llevada a cabo en sigilo, está casi cerrada con varios nombres encima de la mesa que se dan casi por seguros, entre ellos el del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.
Desde Ciudadanos contemplan este pacto con gran malestar dado que resucita “las peores costumbres de los dos viejos partidos”. El propio Albert Rivera no ha perdido la oportunidad de lamentarlo y de insistir en la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por la Justicia que evite estas situaciones. Un acuerdo para que el criterio de los grupos parlamentarios no sea el que determine los nombramientos de los magistrados y jueces para los órganos de gobierno, sino para establecer unos mecanismos basados en “el mérito, la capacidad y la independencia”.
“Si queremos entrar en un nuevo momento de la democracia, es esencial que el poder político no meta las manos en el judicial”, manifestó muy gráficamnete el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutierrez, el otro día en el Congreso.
En la actualidad, de los 12 magistrados que componen el Tribunal Constitucional, dos los designa el Gobierno, otros dos el Consejo General del Poder Judicial, cuatro son elegidos por el Congreso y otros cuatro por el Senado a propuesta de las Comunidades Autónomas. En ambas Cámaras se necesita una mayoría de tres quintos para que los nombramientos sean ratificados.
Los de Rivera se han puesto ya manos a la obra y preparan una Proposición No de Ley que esperan poder registrar en el Congreso bien la semana que viene o como muy tarde la siguiente, para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso.
Compromiso político de “neutralidad”
Según adelanta a eldiario.es el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, en ella van a pedir al PP y al PSOE “un compromiso, o pacto político” para que antes de acometer la reforma constitucional, se apliquen ya esos principios de “neutralidad y despolitización” en la elección de los miembros de los órganos judiciales.
Dirigentes del partido naranja ya han sondeado el terreno “en conversaciones informales” con el PP para ver qué receptividad hay ante su propuesta. Los precedentes no son precisamente para que cunda el optimismo. Hace dos años, el PP y el PSOE ya se unieron para rechazar una enmienda propuesta por ERC que pedía modificar la Ley Orgánica del TC para prohibir a sus magistrados estar afiliados a partidos políticos o sindicatos.
Esta unidad de criterios de conservadores y socialistas en estos menesteres quedó reflejada en la Comisión Constitucional durante el debate sobre la proposición de ley impulsada por ambos grupos mayoritarios para recuperar la posibilidad de presentar recursos previos de inconstitucionalidad para las reformas de los estatutos de autonomía.
El objetivo de Ciudadanos ahora es abrir esa reflexión antes de que se celebre el pleno del Senado que debe elegir esos cuatro puestos pendientes de renovación, un pleno que aún está sin fecha.
Los aspirantes previamente deben comparecer ante la Comisión de Nombramientos, a quien corresponde elevar al pleno la propuesta de los magistrados, una vez comprobado que cumplen los requisitos necesarios para ello.
“Nosotros no podemos obligar al PP y al PSOE a hacer cosas que no han hecho nunca, pero si se lo piensan dos veces a lo mejor entienden que lo mejor es no transmitir esta imagen de politización que se traslada a la ciudadanía. Sobre todo cuando se van a tener que tomar decisiones de enorme calado, como las que afectan a Cataluña, que son decisiones de Estado”.
“Lo que no puede ser es que después de realizar estos nombramientos, cuando se habla de un magistrado del TC, los medios de comunicación le coloquen el logo de un partido político. Eso no puede ser. Eso es deslegitimar su trabajo y su independencia”, afirma Girauta.
La reforma del artículo 159 de la Constitución
Posteriormente, los de Rivera plantearán a través de una proposicion de ley una reforma de mayor calado de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a ejecutar en tres meses que conllevaría la modificación del artículo 159 de la Constitución.
El modelo que propugna Ciudadanoso es que haya audiencia previa parlamentaria para los aspirantes a ocupar las plazas del Constitucional, que deberían contar con una experiencia de ejercicio de hasta 25 años.
También proponen establecer un estricto sistema de incompatibilidades que incluya el desempeño de cargos orgánicos de partido o representativos, así como altos cargos de la administración, en los cinco años previos al nombramiento. Y hacer los mandatos más largos, de 12 años en lugar de los 9 actuales, porque creen que de esta manera “serán menos presionables”, así como jubilarse cuando cumplan los 75 años.
Otra de las medidas que quieren introducir es que se fije un plazo máximo que no podrá superar los 90 días para que el Tribunal se pronuncie cuando los asuntos tratados estén afectados derechos fundamentales.
Además, propondrán una restricción de las “puertas giratorias” entre justicia y política imponiendo a jueces y magistrados una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos.
Aunque el propio Albert Rivera ha admitido que esta propuesta no está incluida en el pacto que su partido firmó con el PP -ni en el del PSOE-, espera que las dos grandes formaciones se avengan a negociar y no sigan “replicando sus asientos del Parlamento” en el Tribunal Constitucional.
