Ciudadanos y PP limitan su pacto anticorrupción al enriquecimiento personal o la financiación ilegal
Ciudadanos estudiará si exige al PP el acta del diputado por Castellón Óscar Clavell investigado por malversación y prevaricación por una adjudicación otorgada cuando era concejal. Por el momento, el partido de Albert Rivera y el de Mariano Rajoy limitan su exigencia de que los cargos públicos dimitan al ser imputados por corrupción -una de sus condiciones previas a la negociación con Mariano Rajoy- a aquellos casos en los que ha habido enriquecimiento personal ilícito o financiación ilegal del partido político.
Así lo ha explicado el vicesecretario general, José Manuel Villegas, quien ha sido posteriormente felicitado por el dirigente del PP Fernando Martínez Maillo. Villegas ha reconocido que su partido está recabando información sobre el caso del parlamentario conservador, pero ha circunscrito la posible exigencia del acta a que Clavell haya incurrido en financiación irregular del partido o en enriquecimiento personal. La decisión la tomará en las próximas horas, según ha señalado en una rueda de prensa.
“La mala praxis no es corrupción política -ha justificado Villegas-. Una cosa es meter la mano en la caja y otra cosa es meter la pata”. “Hemos recabado información sobre el caso en concreto para tener la información sobre la naturaleza de los delitos que se le imputan para ver si estamos en un caso en el que hay enriquecimiento injusto o financiación ilegal de partidos”, ha explicado Villegas. “Si se da alguno de esos condicionantes, Ciudadanos pedirá que se aplique el pacto”, ha asegurado Villegas, que no ha abordado este asunto con sus interlocutores del PP.
El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha agradecido las explicaciones de Villegas en su posterior comparecencia ante los medios. “No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es”, ha coincidido Maillo, quien ha añadido que “no se puede pretender hacer tabla rasa” y ha coincidido en que sin enriquecimiento ni financiación ilegal se puede hablar de corrupción.
Maillo ha defendido que Clavell es víctima de una “denuncia política” cursada por el PSOE e IU. “Le quiero agradecer a Villegas que diferencie la prevaricación administrativa que viene de una denuncia política”, ha subrayado el número tres del PP.
El aforamiento le salvó de ser procesado
El diputado del PP por Castellón Óscar Clavell está imputado en el juzgado de Nules por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales al haber pagado 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos, Secopsa, mientras era concejal de la localidad de Vall d'uixó. Esa adjudicación se produjo en contra del criterio de los técnicos.
La jueza que instruyó la causa llegó a procesar a Clavell en el mes de febrero. Sin embargo, en ese momento ya estaba aforado ante el Tribunal Supremo tras su entrada en el Congreso el 20D. Clavell repitió en las listas del PP en junio y recurrió la decisión de la jueza por su condición de aforado. Ahora será el alto tribunal el que deberá pronunciarse.
Clavell dijo en febrero que solo dejaría su escaño en el caso de que el PP se lo pidiera. No sucedió y repitió en la papeleta del PP en las segundas elecciones. El parlamentario dijo que su criterio era marcharse en el caso de que se abriera juicio oral contra él. Según las condiciones aceptadas por Rajoy para conseguir el voto de Ciudadanos, cualquier cargo público imputado por corrupción debe dimitir.
Sin embargo, el documento rubricado por los portavoces parlamentarios de PP y Ciudadanos que supuso el paso previo para que los equipos negociadores comenzaran a trabajar en el posible acuerdo para la investidura de Rajoy no especifica ni los delitos ni los casos en los que se exigirá la retirada del cargo público de su actividad. “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, se limita a señalar el texto.
En Madrid y Andalucía han tenido que analizar los casos por lo que se ha exigido a Cristina Cifuentes y Susana Díaz la retirada de imputados de sus funciones y también ha dependido de los condicionantes de enriquecimiento ilícito o financiación ilegal, según Villegas.
“Aún hay desacuerdos”
El vicesecretario general de Ciudadanos ha comparecido poco después de las 13.30 horas mientras los equipos negociadores continúan reunidos. PP y Ciudadanos han abordado este martes asuntos sociales. Villegas ha admitido que aún “existe desacuerdo en cuestiones fundamentales”, aunque espera que ambas formaciones sean capaces de “desatascar” ya que el entendimiento debería ser total y no “parcial”.
Por el momento, PP y Ciudadanos evitan dar muchos detalles sobre sus avances y diferencias, pero existe desencuentro en la propuesta de Rivera de aprobar el “contrato estable” como fórmula para acabar con la dualidad. Villegas también ha admitido que un “punto importante que seguro será de fricción con el PP es la lucha contra el fraude”. La formación reclama que se recupere el dinero que los defraudadores dejaron de pagar gracias a la amnistía fiscal.
Ciudadanos también exigirá el complemento salarial como parte del plan de emergencia, medidas para activar la ley de dependencia, inversión en I+D+I, así como un pacto nacional por la educación. Todos ellos son temas que el PP tuvo aparcados con Rajoy en Moncloa.
