Albert Rivera se enfrenta a nuevas sospechas sobre la financiación de Ciudadanos
La sombra de la sospecha sobre su posible financiación irregular planea sobre Ciudadanos a escasas fechas de la celebración de unas nuevas elecciones generales. Las denuncias que han aflorado estos días sobre la utilización supuestamente fraudulenta del dinero de la asignación pública que reciben los grupos municipales y autonómicos para el pago de contratos o de créditos que tiene el partido con los bancos, han obligado a los dirigentes de la formación de Albert Rivera a tener que salir de nuevo a dar explicaciones.
La dirección niega que hayan incurrido en delito alguno y lo atribuyen a simples “errores administrativos” mientras reconocen que podrían aparecer más casos de “pagos incorrectos” de los que hasta ahora han transcendido. “Desde las elecciones locales y autonómicas hemos crecido mucho. Tenemos más de 700 grupos municipales y autonómicos y algo siempre se puede hacer mal”, afirma a eldiario.es el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Una de las primeras denuncias surgió la semana en La Rioja, donde trascendió que la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, María Luisa Alonso, mantuvo un contrato irregular con su grupo municipal. El propio partido lo reconoció y anunció que subsanaría la situación, mientras el Ayuntamiento decidía abrir una investigación.
A este caso se sumó el del delegado territorial de Ciudadanos en el País Vasco, Nicolás de Miguel, cuyo salario estaba siendo también abonado a cargo del Grupo Parlamentario del Parlamento de la Rioja. Dirigentes de esa comunidad aseguraron que el partido estaba pagando gastos y créditos de campaña con el dinero que controlan de las subvenciones.
Estas prácticas están prohibidas por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y por la Ley de Financiación de partidos que es muy estricta a la hora de determinar en qué deben emplearse las subvenciones públicas que reciben los partidos. Aunque la ley es clara, lo cierto es que en muchos casos no se cumple. Tampoco los propios organismos exigen justificantes de estos gastos, lo que da lugar a cierta laxitud en el cumplimiento de las normas.
En Murcia, sin embargo, las acusaciones a la dirección del partido fueron mucho más serias. El partido llegó a financiar de forma irregular la campaña de las autonómicas de 2015, según El Mundo.
Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, hubo “engaños” por parte del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional en las cuentas de gastos de las subvenciones recibidas de dicha Asamblea. “Se han utilizado las subvenciones para pagar gastos electorales, modificando las fechas de las facturas originales, con facturas reales y facturas trucadas”, afirmaron las fuentes denunciantes. La orden para cambiar las fechas de las facturas, según las mismas fuentes, partió del delegado territorial de Ciudadanos en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Municipal, Mario Gómez Figal.
“Este comportamiento se ha repetido para los gastos electorales de la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre de 2015. De hecho, desde la cuenta del Grupo Parlamentario se ha pagado el alquiler de la sede de campaña”, afirmaron estas fuentes.
A raíz de estas denuncias, fue cesado Gómez Figal, acusado de haber cargado unos 18.000 euros en facturas de gastos electorales al grupo parlamentario regional en mayo de 2015, cuando aún no estaba constituido. El partido le ha abierto un expediente disciplinario, al igual que al diputado autonómico en la Asamblea Regional, Luis Francisco Fernández, secretario primero de la Mesa de la Cámara.
Villegas resta importancia a las denuncias
Villegas resta importancia a las denuncias“Estamos tranquilos. Puede que hayamos incurrido en algunos errores administrativos pero no hemos cometido ningún delito ni muchos menos de financiación ilegal. Nuestras cuentas son transparentes”, afirma Villegas a eldiario.es. En la dirección de Ciudadanos insisten en que si el Tribunal de Cuentas determinara que deben subsanar algo, lo harán y dejarán de “controlar” en sus cuentas generales las subvenciones que reciben sus grupos municipales o autonómicos.
Lo que no se disimula en Ciudadanos es el malestar por el hecho de que hayan empezado a surgir estas informaciones justo cuando están a punto de convocarse oficialmente nuevas elecciones generales. Villegas señala que no tienen duda de que “hay gente interesada en darle al ventilador” y hacer creer que estos casos son comparables a la corrupción que se destapó tras el escándalo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, o en el caso Taula, “por poner algún ejemplo”. “Aquí no ha habido nadie que haya metido la mano en la caja”, asegura el número dos de Ciudadanos.
Ante estos hechos, la denominada Plataforma por las Garantías Ciudadanas, formada por exmilitantes de Ciudadanos, ha interpuesto una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si hay financiación ilegal en el partido. Villegas lo niega reiteradamente. “La Fiscalía ni siquiera se ha dirigido aún al partido”, desvela.
No es la primera vez que se cuestionan las cuentas de Ciudadanos. En octubre del año pasado, eldiario.es publicó un amplio reportaje en el que se ponían de relieve los claroscuros que había en sus cuentas. A raíz de ello y de otras informaciones de otros medios, sus dirigentes se vieron obligados a realizar ciertos puntualizaciones y cambios, que subieron a la página web del partido.
Pero la marejada interna que se ha creado por estas acusaciones no parece que vaya a parar. Los críticos de la Rioja se mantienen a la expectativa de ver qué pasos dar si la dirección del partido no atiende sus reclamaciones de transparencia. “Estamos hartos de buenas palabras. Pero por aquí no vienen nunca a dar la cara”, asegura una de las dirigentes que fue represaliada por denunciar la falta de democracia interna en el partido.
