Ciudadanos propone un IRPF máximo del 42%, subir el IVA de la cesta de la compra y dejar Sociedades en el 20%

Ciudadanos (C's) quiere establecer “una nueva fiscalidad para un nuevo modelo económico”, y para ello propone establecer tres tramos en el IRPF, con un tipo máximo del 42%; fijar un tipo de IVA general al 18% y otro reducido al 7%; eliminar casi todos los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades; y, para luchar contra el fraude, duplicar el número de funcionarios en la Agencia Tributaria.

Estas son algunas de las ideas incluidas en la tercera parte de su programa económico, dedicada a asegurar la sostenibilidad y la eficiencia de las finanzas públicas a través del control del gasto público, la eficiencia y la equidad en la recaudación y la lucha contra el fraude.

El partido de Albert Rivera detecta tres problemas esenciales en España: se recaudan menos ingresos de los que se debería a causa de exenciones y deducciones “no justificadas”, el reparto de los impuestos es poco equitativo y existe “un despilfarro y un gasto injustificable” que hace difícil convencer a los ciudadanos de que deben pagar sus impuestos.

Para solucionar esos problemas, las medidas que plantea son estas:

A) Una reforma fiscal:

1.- Reducir a tres el número de tramos en la tarifa general del IRPF --el 18, el 28 y el 42%--, introduciendo un complemento salarial anual para las rentas más bajas (ya presentado en el segundo bloque del programa económico) que genera un derecho de cobro, y un complemento a las pensiones.

2.- Eliminar la práctica totalidad de los beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades, reforzar los límites de deducibilidad de los intereses y establecer un tipo único del 20% que se aplicará también a las pymes.

3.- Reducir de tres a dos los tipos del IVA, uno general del 18% y uno reducido del 7%, incluyendo en este último todos los bienes a los que ahora se aplica el IVA superreducido y el sector de la hostelería.

4.- Introducir una fiscalidad más progresiva para los hidrocarburos después de haber aplicado medidas para incrementar la competencia entre operadores.

5.- Sustituir el Impuesto de Matriculación y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte por un nuevo impuesto de carácter ambiental.

6.- Bajar los tipos de los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, establecer unas exenciones más amplias para favorecer a las clases medias y fijar unos límites máximos y mínimos (entre el 4 y el 10%) a las comunidades autónomas para el Impuesto de Sucesiones.

B) El control del gasto público, la eliminación de duplicidades y el adelgazamiento de la Administración:

1.- Racionalizar la estructura administrativa del Estado, empezando por eliminar las diputaciones provinciales.

2.- Fusionar los ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes, aunque no en todos los casos.

3.- Aprobar una reforma constitucional hacia un Estado descentralizado, federal y coordinado, clarificando el reparto de competencias y evitando duplicidades. Además habría un único fondo de compensación interterritorial.

4.- Hacer una evaluación previa de todos los nuevos programas de gasto para analizar sus costes, beneficios y sostenibilidad, y eliminar las políticas públicas que no cumplan sus objetivos.

5.- Desvincular la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) del Ministerio de Hacienda y otorgarle un presupuesto propio y estable. Realizaría informes sobre el coste y el beneficio económico y social de todas las inversiones públicas y sobre cualquier cambio tributario.

6.- Fusionar la inspección y la administración de la Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda.

7.- Introducir procesos de gestión moderna basados en el análisis de datos para mejorar los servicios a los ciudadanos y eliminar el papeleo innecesario.

C) Reforzar la lucha contra el fraude y contra los “agujeros legales” para recaudar de forma más justa:

1.- Simplificar el régimen de contabilidad de las pymes en el Impuesto de Sociedades para evitar el fraude, e incrementar los medios humanos y materiales de control.

2.- Eliminar el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, revisar la lista que tiene el Gobierno de paraísos fiscales, reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y endurecer las multas a los bancos que cooperen en delitos de blanqueo o fraude.

3.- Devolver a la Inspección de Hacienda el control fiscal de las Sicav y promover la apertura de las mismas para que sean instituciones de inversión colectiva.

4.- Exigir los importes no ingresados por los defraudadores acogidos a la aministía fiscal antes de que pasen cuatro años desde que presentaron la declaración.

5.- Reducir el uso de dinero en efectivo, promoviendo el pago con tarjeta o electrónico, y sancionar el software que sirve para realizar contabilidad B.

6.- Endurecer las sanciones por la emisión y deducción de facturas falsas y conservar el régimen de módulos únicamente para las empresas cuyos clientes principales sean consumidores finales.

7.- Agilizar el cobro de las cuotas, intereses y sanciones pendientes en casos de delito fiscal, endurecer las penas de los delitos más graves para que la condena implique penas efectivas de prisión y tipificar como delito autónomo el diseño de productos para defraudar.

8.- Duplicar el número de funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT), reforzar la autonomía con la aprobación del Estatuto de la AEAT y ampliar los plazos de comprobación de la Inspección en los fraudes más sofisticados.

UN COSTE DE 7.700 MILLONES DE EUROS

Con todas estas medidas, Ciudadanos pretende que el ingreso y el gasto público sean “más eficientes, más equitativos y con una priorización del gasto mucho más rigurosa”, lo que permitirá, a su juicio, ofrecer a los españoles “una sustancial reducción de la carga fiscal”.

Según se explica en este tercer bloque del programa económico, la medida principal en términos de coste es la reducción de la imposición directa y el complemento salarial para los trabajadores con bajos ingresos.

Los cálculos realizados por el partido en un modelo dinámico sitúan el coste total de las propuestas en 7.732 millones de euros en un escenario central, que se pagarían a través de la reforma de la Administración y la eliminación de duplicidades, una mayor recaudación en el Impuesto de Sociedades y una “lucha decidida” contra el fraude.