Un Comité Permanente abordará en septiembre el nuevo modelo de financiación autonómica, que se implantará en 2018

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado por unanimidad la creación de un Comité Permanente que aborde a partir de septiembre el nuevo modelo de financiación autonómica al que se comprometió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017. Está previsto que el grupo de trabajo concluya su tarea en noviembre, según han informado varios consejeros autonómicos, de manera que se implante el nuevo modelo a comienzos de 2018.

Asimismo, el CPFF ha aprobado los objetivos individuales de déficit público para cada comunidad autónoma, que se corresponden con los que ya se aprobaron a principios de mes con las cifras del 0,4 por ciento para 2018 --con la previsión de que para el año 2019 sea del 0,1 por ciento y de que en el 2020 se dé el equilibrio presupuestario--. Sin embargo, la votación no ha sido la misma que se produjo en la última reunión, ya que esta vez la propuesta del Gobierno ha contado con un voto en contra más, el de Extremadura.

Así, la votación se ha saldado con nueve votos en contra y ocho a favor. Aun así, el 0,4 por ciento ha salido adelante a pesar de tener más votos negativos que positivos por parte de las comunidades, ya que el Gobierno cuenta con la mitad de los votos, necesitando solamente el apoyo de una comunidad para que quede aprobada su propuesta.

El consejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón, Fernando Gimeno, ha saludado la iniciativa de empezar a trabajar en septiembre en torno al nuevo modelo de financiación autonómica ya que, a su juicio, es importante empezar a poner “negro sobre blanco” para hablar de “términos de financiación concreta” y “no de teorías”.

Por eso, Gimeno ha insistido en la necesidad de poner en marcha el calendario de trabajo “lo antes posible” para que en el mes de noviembre la comisión de expertos que existe dentro del CPFF sea capaz de elaborar una propuesta que no solamente tenga “perfiles técnicos”, sino que también contenga “perfiles políticos”. “La posición de todos coincide en que hay que determinar cuáles son las necesidades del sistema de bienestar y a partir de ese momento definir los ingresos necesarios para la financiación”, ha sugerido.

En este sentido, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de Baleres, Catalina Cladera, ha instado al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a que haga una “apuesta seria” por el calendario del nuevo modelo de financiación y mantiene que este llega “con una demora importante” porque las comunidades autónomas llevan reclamando otro sistema “desde el año 2014”.

En este punto, el consejero de Hacienda y Modelo Económico de Valencia, Vicent Soler, ha pedido a Hacienda que “se cumplan” los compromisos de la Conferencia de Presidentes; es decir, “que el 31 de diciembre haya sobre la mesa un nuevo sistema”. Según ha detallado, para Valencia, este “es perentorio”: “Estamos muy mal financiados y vamos con la lengua fuera a la hora de tener que sufragar los servicios básicos”.

Por su parte, la titular de la Hacienda de Castilla y León, María del Pilar del Olmo, ha explicado que “con ánimo de poner números a ese trabajo de los expertos” las comunidades autónomas deberán llegar a acuerdos “en determinadas materias” porque “no se puede decir que (los expertos) hayan establecido ya el modelo”. A partir de noviembre, cuando se prevé que estén finalizados los trabajos del Comité Permanente, “empezará la negociación política”.

A su vez, según ha apuntado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, por parte de su comunidad autónoma, “hay cierta decepción”, porque “ese informe debería ir acompañado de cifras que podamos simular, tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos”. Por este motivo, ve “difícil hablar solo de principio y no de cómo se traduce en ingresos” para las regiones.

ENTREGAS A CUENTA

El consejero aragonés ha adelantado que la entrega a cuenta de la revisión de liquidez del 2019 que le corresponden a Aragón es de 3.554 millones de euros, aunque ha añadido que para entender estos datos es necesario hacer la comparación con el año anterior.

Por otra parte, a la Comunidad Valenciana le corresponden 8.500 millones de euros, aunque, según ha apuntado Soler, “lo más importante” es que “no se está haciendo un esfuerzo por aquilatar las previsiones de ingresos en el cuadro macroeconómico”. En concreto, porque la región destinó 1.500 millones, lo que, según el consejero, supone “una barbaridad”, porque, actualmente, poseen “problemas de caja” y “con los proveedores”.

Al respeto, la consejera balear ha celebrado el aumento del seis por ciento de las entregas a cuenta para su comunidad con respecto al anterior ejercicio, pero ha señalado que se debe “recordar el escenario de Baleares” porque, a su juicio, aunque el incremento de las entregas a cuenta es “importante”, no refleja el crecimiento regional.

A Castilla-La Mancha le corresponden 4.200 millones de euros y, según ha explicado Ruiz, un objetivo de déficit “previsible” --0,4 por ciento del PIB--. En este punto, sin embargo, ha señalado que están “en desacuerdo” con la distribución de los objetivos de déficit “entre el Estado y las comunidades autónomas”. “Lo que tiene que hacer el Estado es liderar el modelo poniendo números tanto a las ingresos como a los gastos de las comunidades autónoma”, ha apuntado.

Por último, la consejera canaria Rosa Dávila ha informado de que a las islas le serán entregados a cuenta más de 4.800 millones de euros, pero ha reiterado una vez más que “ahora lo importante” es modificar la regla de gasto para que las comunidades autónomas que se hallen en situación de superávit puedan reinvertir el déficit en servicios sociales.