Más de cien exparlamentarios alcanzan la pensión máxima a cuenta de los presupuestos de Congreso y Senado
Más de un centenar de exparlamentarios ya jubilados consiguen redondear sus pensiones hasta alcanzar la máxima que contempla la ley, establecida en algo más de 2.500 euros al mes en 14 pagas, a cuenta de los presupuestos del Congreso y del Senado.
Esto se debe a que no les ha afectado las modificaciones realizadas por las Cortes Generales a finales de 2011 en el régimen de pensiones, que conllevó la derogación de varios de los artículos que estaban en ese momento en vigor y que habían sido acordados en julio de 2006 por la mesa conjunta del Congreso y el Senado.
Entre los privilegios que desaparecieron ese año, último del mandato del socialista José Bono, está la “complementación de las pensiones” a la que tenían derecho todos los exparlamentarios que reunieran una serie de requisitos a la hora de jubilarse; el mantenimiento en alta en la Seguridad Social al dejar sus actas; la “complementación de ingresos” en casos de acreditada necesidad; y la ayuda al cónyuge viudo/a o a los hijos menores de 25 años.
Esos cambios en el régimen económico de sus señorías, sin embargo, no tuvieron efectos retroactivos de manera que los derechos quedaron consolidados únicamente “para quienes tuviesen ya reconocidas las prestaciones a 23 de julio de 2011”.
La relación de perceptores de los complementos de pensión, ayudas e indemnizaciones -que las Cámaras denominan “protección social del diputado/senador”- así como las cuantías de las mismas se publican en las respectivas páginas web del Congreso y del Senado.
En la actualidad, en la lista de los que siguen cobrando mensualmente estos complementos figuran 111 exparlamentarios, cuyos nombres pueden consultarse en este enlace. Las cantidades que perciben -en 12 pagas anuales, no en 14- son dispares y oscilan entre los 3.000 euros del exdiputado socialista Pablo Castellano, a los 15 euros que cobra la exsenadora del PSOE Rafaela Fuentes.
Entre los beneficiarios de esta prebenda figuran la exdiputada de IU Cristina Almeida (2.702€); los socialistas José Acosta (1.096€); Javier Rojo (294€); o Josefa Frau (186€); históricos exparlamentarios del PP, como José Cañellas (669€); Blas Camacho (2.108€); o José Rivas Fontan (48€). Y también Paulino Rivero, de Coalición Canaria (349€); José María Trías de Bes (2.222€), de la antigua CiU, o Guillerme Vázquez (233€), del BNG.
Además, ambas Cámaras mantienen una “complementación de ingresos” a favor de otro grupo de 45 exparlamentarios cuya duración de su mandato no les permitía obtener la 'pensión parlamentaria'. Estas prestaciones económicas, de carácter “graciable”, las tuvieron que solicitar a las Mesas del Congreso y del Senado tras acreditar que no percibían ningún ingreso extraordinario al jubilarse.
La lista de los beneficiarios de esta “complementacion de ingresos” -también en 12 pagas anuales-, así como la de los 70 viudos o viudas de exparlamentarios que las cobran, está publicada y puede consultarse en este enlace.
Un debate azuzado por la diputada del PP Celia Villalobos
La polémica sobre la sostenibilidad de las pensiones la ha vuelto a azuzar la exministra y diputada del PP, Celia Villalobos, que preside la Comisión del Pacto de Toledo, en donde precisamente se estudia la actualización del régimen de las pensiones, que este año, a pesar de que el IPC interanual ha finalizado en un 1,1%, han subido tan solo un 0,25%. Los diputados y senadores, en cambio, despues de tener desde 2010 congelados sus sueldos, los han visto incrementados en un 1%, al igual que los funcionarios del Estado.
Villalobos afirmó en Los Desayunos de TVE, sin aportar prueba alguna que lo acredite, que en España “hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir, cobrando la pensión, que en activo, trabajando”.
La ley en España establece que para cobrar la pensión contributiva completa se han de haber cotizado como mínimo 35 años y la edad de jubilación está establecida en los 65 años, con lo que habría que vivir más de 100 años para se produjera un extremo como del que advierte Villalobos.
Hasta la reforma citada anteriormente del régimen de pensiones, los diputados y senadores que hubieran mantenido su escaño durante 11 años podrían percibir la máxima; con 9 y 11 años, tendrían derecho al 90%, y al 80% los que habían sido diputados o senadores entre 7 y 9 años.
Villalobos lleva más de treinta años ostentando cargos públicos. Ahora cobra del Congreso más de 4.300 euros brutos al mes, más otros 1.842 euros libres de impuestos para gastos por ser diputada por Málaga. A sus 68 años dice que está “divina de la muerte”. No está jubilada porque no hay ninguna ley que obligue a los parlamentarios a hacerlo. Algunos, incluso, como el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, han abandonado el escaño con más de 70 años.
La diputada del PP sostiene que el actual sistema “es cada vez menos sostenible debido a que gracias a Dios, y eso es una gran noticia, nos morimos cada vez más viejos y cada vez mejor”.
“Seguimos teniendo un problema porque tenemos más de nueve millones de pensionistas y se va a ir incorporando la generación del baby-boom”. “Tengo la obligación de decirles a los que hoy tienen 45 años: cuidado, preocupaos del ahorro”, recomendó.
Lo que ha olvidado Villalobos es que hasta hace muy pocos años los parlamentarios, como ella, han estado percibiendo un sustancioso plan privado de pensiones que alimentaba el Congreso. Ante las críticas que recibieron sus señorías, en 2012 ambas Cámaras decidieron eliminar las aportación que realizaban las Cortes Generales.
La exministra, sin embargo, apuesta ahora porque los trabajadores vayan engordando con su sueldo la llamada “mochila austriaca”. Se trata, según ha explicado, de “un fondo privado, que no necesariamente tiene que ser del banco, puede ser de la empresa, en el que tú metes dinero y cuando te jubilas, si la pensión ha bajado, tienes un complemento que se ha generado a lo largo de la vida profesional”. Una idea que ha crispado y que también defiende Ciudadanos.
