El Congreso defiende ante el TC que los vetos del Gobierno a leyes de la oposición deben ser “excepcionales”

El Congreso ha dado vía libre a la presentación de alegaciones ante el Tribunal Constitucional para responder al conflicto de competencias planteado por el Gobierno por haber tramitado dos proposiciones de ley del PSOE sin su conformidad y fundamenta su respuesta en considerar que los vetos del Ejecutivo deben ser “excepcionales” porque en caso contrario se está impidiendo a las Cortes Generales ejercer su capacidad legislativa.

El Gobierno de Mariano Rajoy presentó este conflicto de atribuciones en el TC al ver que la Mesa del Congreso ignoró su veto a la tramitación de dos proposiciones de ley del PSOE, una para paralizar la LOMCE y otra para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.

VAN 24 LEYES VETADAS

En lo que va de legislatura, el Gobierno ha vetado 24 proposiciones de ley de grupos de la oposición y de parlamentos autonómicos acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución que le permite bloquear iniciativas que alteran los presupuestos en curso, sea por suponer un aumento del gasto o por implicar una merma de ingresos.

Los escritos de disconformidad han paralizado en la práctica todas esas proposiciones de ley, salvo las dos citadas de la LOMCE y las subcontratas, ya que la Mesa del Congreso, pese al voto en contra del PP, decidió ignorar el veto del Gobierno y continuó la tramitación: ambos textos fueron tomados en consideración por el Pleno del Congreso y están ahora en fase de enmiendas.

El Ejecutivo recurrió entonces ante el Tribunal Constitucional, donde aún está pendiente de sentencia el conflicto que presentó el Congreso el pasado año contra el Gobierno por negarse al control parlamentario estando en funciones.

En las alegaciones que el Congreso va a presentar en el Tribunal Constitucional, que esta semana fueron aprobadas en la Mesa de la Cámara, se argumenta que esa capacidad de veto que la Constitución atribuye al Gobierno “debería configurarse en términos excepcionales y, por ello, restrictivos, pues su uso tiene un efecto impeditivo absoluto de la iniciativa legislativa”.

En sus escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, se recuerda que la Constitución otorga a las Cortes Generales “la potestad legislativa del Estado” y que los vetos del Gobierno en relación con las propuestas parlamentarias “invierten en cierto modo la jerarquía” pues permiten que esa potestad legislativa sea limitada.

“La actual redacción del artículo 134.6 de la Constitución no debe permitir al Gobierno un poder incondicionado de oponerse a la tramitación de proposiciones de ley o enmiendas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.

LA MESA DEL CONGRESO TIENE MARGEN DE INTERPRETACIÓN

A su juicio, la capacidad de veto del Gobierno no puede ser “absoluta” porque sería incompatible con el sistema de atribución de competencias ya que dejaría la potestad legislativa en manos del Poder Ejecutivo, “lo que supone la mayor contradicción con los poderes del Congreso y del Senado”.

El Congreso defiende además que la Mesa debe tener margen para interpretar si se justifican o no los escritos de disconformidad del Gobierno, que es a lo que se acogió para no atender los vetos a las proposiciones de ley recurridas por el Gobierno en el TC, y recuerda que el órgano de gobierno no califica los escritos “en bloque”, sino de forma individualizada.