El Consejo de Europa denuncia malos tratos a los detenidos en España basándose únicamente en testimonios de los etarras

El Consejo de Europa denuncia en su último informe torturas y malos tratos a los detenidos en España por la Guardia Civil y reprocha a las autoridades que no emprendan una investigación “rigurosa e independiente” sobre los métodos utilizados por los agentes. Estas acusaciones las hace basándose únicamente en los testimonios de una decena de etarras detenidos en los primeros meses de 2011.

El informe, hecho público este martes, relata las conclusiones del Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes durante su visita a España en junio de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE.

Durante su visita, los miembros del Consejo de Europa tuvieron oportunidad de reunirse con numerosas autoridades españolas, como el entonces ministro del Interior, José Antonio Camacho, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes o el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, entre otros; además de visitar numerosos centros penitenciarios, comisarías o centros de internamiento de extranjero.

En sus conclusiones, la delegación europea se hace eco de testimonios de detenidos por terrorismo durante los primeros meses de 2011 denunciando haber recibido malos tratos por parte de los agentes. “La delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de diez de las once personas con las que mantuvo entrevistas, que habían estado detenidas en régimen de incomunicación”, relata.

El Consejo de Europa explica que los malos tratos alegados empezaron supuestamente durante el traslado desde el lugar de la detención a Madrid y consistieron “fundamentalmente en patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo”. Recoge también supuestas torturas recibidas por los detenidos durante el interrogatorio.

“Parece que el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación y confirmar dicha declaración antes de la vista oral”, señala.

La delegación recuerda que el Consejo de Europa ha estado “llamando la atención” de las autoridades españolas “durante dos décadas” sobre el “problema” de los malos tratos que infringe la Guardia Civil a personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo.

Sin embargo, lamenta que estas recomendaciones “nunca se llevaron totalmente a la práctica” e insiste en exigir una recomendación “rigurosa e independiente” sobre los métodos utilizados por los agentes.

DENUNCIAS “SISTEMÁTICAMENTE” DESESTIMADAS

De su visita, el Consejo de Europa deduce que cuando los detenidos hacen denuncias de malos tratos, éstas son “sistemáticamente consideradas como no fiables y parte de una estrategia de defensa para restar validez a la declaración hecha hacia el final de la detención en régimen de incomunicación”. Además, destaca que, de los casos analizados, en ninguno se había tomado ninguna medida para investigar la coacción o los malos tratos denunciados.

En su respuesta, el Gobierno reprocha a la delegación europea que arroje dudas sobre los métodos empleados por la Guardia Civil y recuerda la legislación que contempla como delitos los malos tratos, con penas privativas de libertad e inhabilitación.

Además, subraya que el poder judicial es independiente en España, como contempla la Constitución, y sostiene que en el sistema español la presencia del juez en los casos de detenidos en régimen de incomunicación “constituye una garantía cuasi-permanente a favor del detenido”.

“El ordenamiento jurídico español prevé mecanismos concretos de puesta en marcha de la acción de la Justicia ante cualquier denuncia por malos tratos, incluidas las formuladas por los detenidos en régimen de incomunicación”, deja claro el Ejecutivo antes de recordar que la práctica de denunciar malos tratos es una estrategia que aplican “sistemáticamente” los miembros de ETA “con el fin de obtener repercusión mediática y de revelar la identidad secreta de los agentes encargados de combatir el terrorismo”.

DETENCIÓN INCOMUNICADA APLICADA “CON RUTINA”

El informe del Consejo de Europa también aborda la figura de la detención incomunicada y defiende que debería constituir una medida “excepcional y limitada”. No obstante, apunta que un análisis de las órdenes de detención en régimen de incomunicación emitidas en los primeros cinco meses de 2011 indicó que el juez competente “no realizó un examen riguroso de la necesidad de aplicar dicha medida” y lo hacía con argumentos “repetitivos” que mostraban “un cierto grado de rutina”.

Las recomendaciones del Consejo de Europa también repasan cuestiones como la necesidad de que los detenidos cuenten con un abogado privado, asistencia médica, la necesidad de establecer un código de conducta para los interrogatorios o las condiciones de las celdas.

Además, analiza la situación de las cárceles y recoge que, durante varios años, el sistema penitenciario español se ha visto afectado por “una importante masificación” que sin embargo reconoce que las autoridades han tratado de paliar con la inversión de “un número de fondos considerable”. Pese a ello, recomienda que se continúen adoptando políticas dirigidas a solucionar este problema y hace recomendaciones especiales para las personas recluidas en módulos especiales o régimen de aislamiento.