El Consejo de Estado responsabiliza al Gobierno de José María Aznar del accidente del Yak-42
Más de trece años después del accidente del Yak-42, el Consejo de Estado ha admitido la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Defensa, entonces encabezado por Federico Trillo, en la tragedia. Es la primera vez que un organismo reconoce oficialmente la responsabilidad compartida del Estado en el accidente que se cobró la vida de 62 militares españoles, que fallecieron cuando el avión en el que viajaban de regreso de una misión en Afganistán colisionó contra una montaña.
Aunque el dictamen, cuyo contenido avanza hoy El País, rechaza indemnizar a las víctimas, establece una importante salvedad con respecto a las sentencias judiciales emitidas anteriormente: el Ministerio de Defensa pudo haber evitado el accidente.
“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente”, recoge el informe aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
Aunque desde Defensa alegaron desde un principio que la responsabilidad recaía sobre la empresa con la que se contrataron los vuelos (NAMSA), el Consejo de Estado desmiente esta tesis. Ya que la legislación española obliga al Estado a comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, especialmente en actividades de riesgo.
Asimismo, añade que Defensa no solo no hizo lo necesario para garantizar la seguridad de las tropas, sino que tampoco reaccionó ante los avisos que alertaban de los riesgos de los traslados.
El Consejo de Estado subraya la importancia de un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), en el que se advertía de las malas condiciones de los vuelos en los que viajaban militares españoles casi un mes antes del accidente: “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”.
Por todo ello, concluye que el Estado es patrimonialmente responsable. Aunque rechaza indemnizar a las víctimas por considerar que las reparaciones satisfechas en los últimos trece años son adecuadas.
Hasta cinco subcontratas
Tal y como publica El País, de los 149.000 euros que Defensa pagó por el Yak-42 solo 36.500 euros fueron a parar a la compañía que operó el avión. El resto del dinero se lo embolsaron otras cuatro subcontratas. Aunque el Consejo de Estado admite que esta operación es legal, subraya la posibilidad de que “esa progresiva disminución del precio afectó también a las condiciones exigidas al contratista”.
Los tribunales coincidieron en que la causa del accidente, que se produjo el 26 de mayo de 2003, fueron el agotamiento y el estrés de los pilotos tras 22 horas de vuelo. A ello se sumaba el hecho de que no hubieran recibido formación específica para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a desorientarse y a chocar contra el monte Pilav cuando se disponían a hacer escala en una localidad turca.
La gestión de la identificación de los cadáveres realizada por el Ministerio de Defensa también fue muy cuestionada. Varios de los 62 militares españoles fueron enterrados o incinerados sin que se acreditara correctamente su identidad.
