Las reformas de la Constitución de PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU exigen disolver las Cortes

La Constitución cumple 37 años. Y sólo el Partido Popular quiere dejarla como está. Ni siquiera lleva en su programa el cambio la supresión de la preeminencia del varón en la sucesión de la corona. “El texto es plenamente vigente”, repiten como una jaculatoria los dirigentes populares. Pero en la próxima legislatura puede que ni siquiera tengan una mayoría de bloqueo, según las encuestas publicadas, y el resto de partidos puedan sumar los dos tercios necesarios para modificar la Constitución, es decir, 234 escaños.

Pero, ¿qué propone el resto? PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU-UP llevan en sus programas diferentes propuestas. Sí. Pero los cuatro coinciden en una cosa: lo que proponen exige, por su calado, además de los dos tercios en la Cámara, su disolución, la aprobación de las reformas por mayoría de dos tercios de las nuevas Cortes y, en último término, en un referéndum.

Quien llega más lejos es el candidato de IU-UP, Alberto Garzón, quien propone el inicio de un proceso constituyente “que devuelva la voz y el poder de decisión de la ciudadanía para avanzar en un modelo de Estado republicano y federal”: es el único que lleva en su programa que la jefatura del Estado sea elegida por sufragio universal.

Podemos, que en su día tuvo una secretaría de Proceso Constituyente, dirigida por Juan Carlos Monedero, ahora prefiere hablar de “reforma constitucional” y de “cinco acuerdos para un nuevo país” centrados en los derechos sociales, la profundización democrática, la despolitización de la justicia, la lucha contra la corrupción y el derecho a decidir de las comunidades.

Encaje territorial

Quien se queda más corto, descontando al PP, es Pedro Sánchez. El PSOE fundamentalmente propone un modelo federal que descarta la posibilidad de un referéndum sobre la independencia: se centra en la mejora de la determinación de las competencias y en que el modelo de financiación autonómica se someta a votación. La propuesta de reforma constitucional de los socialistas abarca cambios en capítulos que requieren la disolución de las Cortes y la celebración de un referéndum.

En este ámbito, el territorial, también entra el resto de partidos. Mientras Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, abandera el derecho a decidir de las comunidades –“yo no quiero que se vayan, pero ya es hora de que los catalanes voten lo que quieren ser”, suele decir Igleisas– y Garzón habla del derecho de autodeterminación de los pueblos “basado en la libre voluntad de las partes en unirse en un proyecto común”; Ciudadanos quiere cerrar ya –“consolidar”, dicen ellos– el Estado autonómico: pide suprimir la cláusula constitucional por la que Navarra puede anexionarse al País Vasco, la enumeración de competencias y terminar con la posbilidad de que puedan ampliarse en las Comunidades.

La apuesta del PSOE es tender a un modelo federal que, según Pedro Sánchez, no supone una “ruptura con el actual estado autonómico” sino que es su “perfeccionamiento” porque “clarifica las competencias, no deja al albur del Gobierno de turno la financiación autonómica y aborda la reforma del Senado” –que Ciudadanos pide suprimir para ser sustituido por un consejo de presidentes autonómicos–. Además de llevarlo a Barcelona, los socialistas pretenden vincular definitivamente sus funciones a las que “derivan de la dimensión territorial” y que su composición también lo sea: o bien mediante un modelo intergubernamental o representativo de las comunidades. Reflejar en la Carta Magna de la entrada de España en la UE es otra de las aspiraciones del PSOE.

Blindaje social

La propuesta de Ciudadanos, si bien afirman que se trata sólo de “reformar algunos preceptos, imprescindibles para resolver determinados problemas institucionales”, reconocen que es “ambiciosa”, “aunque no se trata de cambiar el sistema, sino de mejorar su funcionamiento”. Es decir, afecta a numerosos artículos, hasta el punto de que una de sus banderas es compartida con Podemos e IU-UP: el blindaje de los derechos sociales en la Constitución: sanidad, educación, vivienda... Derechos que quedaron supeditados al cumplimiento del déficit tras la reforma del artículo 135 pactada por Rajoy y Rodríguez Zapatero en agosto de 2011.

Sin ir tan lejos, el “blindaje del Estado del Bienestar” es otro eje de la propuesta de Sánchez, que busca enmendar el “error” de la reforma del artículo 135. Lo que pretenden ahora los socialistas es incluir un apartado en la redacción de manera que se mantenga el principio de estabilidad presupuestaria pero que se proteja con nivel de derechos fundamentales la sanidad y la protección de la Seguridad Social.

El último bloque de reformas que quieren acometer los socialistas tiene que ver con la mejora de la calidad democrática. Sánchez ha prometido cambiar el sistema electoral para que haya una “mejor representatividad” dado que el actual refuerza al bipartidismo, aunque no ha detallado cómo lo hará. Lo que sí figura en el texto es la posibilidad de desbloquear las listas para que se vote a las personas y no a una plancha. Otra novedad es que el PSOE –que incluyó las primarias para elegir a su secretario general hace apenas un año– quiere obligar a los partidos a través de la Constitución a que seleccionen a sus candidatos a través de ese sistema. Además, el PSOE plantea incorporar al texto constitucional su promesa de un ingreso mínimo vital.

También Ciudadanos propone la oblilgatoriedad de las primarias y la rebaja a 250.000 las firmas necesarias para registrar una Iniciativa Legislativa Popular. En esto, coincide con Podemos e IU-UP, que además reclaman revocatorios para cargos públicos que no cumplan sus compromisos.

El otro gran eje de reforma tiene que ver con la independencia de la justicia, en el que tanto Podemos como Ciudadanos e IU son prolijos en iniciativas. Podemos, por ejemplo propone medidas para despolitizar el Tribunal Constitucional y “constituir un poder Judicial abierto a la elección directa de la ciudadanía”. Ciudadanos, por su parte, reclama la supresión del CGPJ y que sus funciones sean asignadas al presidente del Supremo y del poder Judicial, asistido por dos adjuntos; así como que el procedimiento de nombramiento del fiscal general esté regulado por la Constitución.

Inmovilismo 'popular'

Y, mientras tanto, ¿alguien se mueve en el PP? El partido de Rajoy mantiene que no es necesaria una reforma constitucional ya que sigue “plenamente vigente” en una legislatura en la que va a cumplir 40 años. De hecho, no forma parte de su programa electoral para el 20D. Y eso que en verano Rajoy dijo que estaba “abierto” al debate, pero la polémica que desató fue zanjada rápidamente por boca de Pablo Casado: “En un momento en que se desafía la unidad de España no conviene cuestionarse el marco de convivencia, que ha dado el periodo de mayor prosperidad en España”.

El presidente ha llegado a la campaña con el mensaje de que no se niega a ello, pero no ve consenso entre los partidos, no cree que sea la solución para Catalunya ni que sea una preocupación de la sociedad. Sí acepta que es necesario actualizar la sucesión a la Corona e incluir los nombres de las Comunidades Autonómas, pero no lo ha introducido en su programa: simplemente se declara dispuesto a escuchar las propuestas de los demás partidos.

Quien sí ha abundado algo más en este asunto es el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo: dice tener una reforma preparada en un cajón desde hace tiempo y la defendió con ocasión de las últimas catalanas, donde participó en un debate con Oriol Junqueras (ERC). En su propuesta se muestra dispuesto a ceder casi todo el IRPF.

Con información de Irene Castro, Aitor Riveiro, Luz Sanchis y Carmen Moraga