Correa negocia un acuerdo con Fiscalía de cara al juicio de Gürtel de Valencia

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, que será juzgado a partir del lunes en la Audiencia Nacional, junto a otros 19 acusados, por la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama, negocia con Anticorrupción un acuerdo de conformidad que atenue su condena a cambio de reparar el daño.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la defensa de Correa, que ejerce el letrado Juan Carlos Navarro, ultima un acuerdo con la Fiscalía para conseguir que su cliente sume el mínimo de pena a la que ya está cumpliendo por el caso Fitur (13 años), y a la que le espera cuando llegue la sentencia por la primera época de Gürtel, en la que se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 125 años.

En este juicio, en el que se sentarán 20 acusados en el banquillo -entre ellos los exdirigentes del PP Ricardo Costa o Vicente Rambla- Correa se enfrenta, antes de alcanzar un acuerdo, a una petición de la Fiscalía de 24 años y medio de cárcel.

Por el momento, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que corresponde juzgar estos hechos, ordenó en diciembre el desbloqueo de dos cuentas que Correa tenía en Suiza a nombre de una sociedad para hacer frente con ese dinero al pago de la responsabilidad civil.

El juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, asumía así en un auto, al que ha tenido acceso Efe, la petición, firmada por Correa, de desbloquear esas dos cuentas a nombre de Golden Chain Properties en la entidad Crédit Suisse “para proceder a la reparación del daño causado”.

Al decretar el desbloqueo, acordado al estallar el caso en 2009, el magistrado concreta que solo se debe extraer de esas cuentas los 2 millones de euros que la Fiscalía estima que se defraudó al financiar de forma irregular las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 a través de la trama Gürtel y sus vínculos con la excúpula del PP valenciano.

“La petición es plenamente atendible dada la expresa petición del titular de las cuentas” expone el juez, que explica que la repatriación de los fondos “no solo posibilita la pronta recuperación de la suma defraudada al perjudicado (...) sino que puede fundamentar la atenuante de reparación antes mencionada con la consiguiente disminución de la pena a imponer al acusado”.

Esa rebaja en la pena es posible, añade el auto, “al facilitar la acción de la justicia, y la agilización de la causa”, y por “existir un alto grado de probabilidad además que el encausado Francisco Correa extienda su colaboración” para “el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables criminalmente de los mismos”.

El pasado febrero, los nueve empresarios acusados en este juicio de financiar al PP llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y admitieron esa financiación irregular al partido a cambio de ser condenados a penas leves.

Uno de ellos, el empresario Enrique Ortiz, también procesado en el caso Brugal, en un escrito presentado ante el juez instructor de Gürtel, José de la Mata, admitió los hechos y pidió la aplicación de la atenuante de “confesión tardía” y que se le condene a 15 meses de cárcel frente a los 4 años que la Fiscalía pedía provisionalmente para él.

Con este acuerdo que ahora pretende alcanzar con la Fiscalía, Correa, que se encuentra en prisión tras su condena por el caso Fitur, estaría cumpliendo con lo que prometió al hacer uso de su derecho a la última palabra al término del último juicio de Gürtel: “quiero hacer un ofrecimiento a la Fiscalía, mi total colaboración absolutamente de ahora en adelante en todas las causas pendientes”, aseguró.