Cospedal dispara el presupuesto de Defensa para incorporar la deuda armamentística

El Ministerio de Defensa tiene una enorme deuda con la industria armamentística, que hasta ahora ha ido pagando mediante los llamados créditos extraordinarios. Esta práctica consiste en mantener estable el presupuesto de Defensa de un año para otro, para luego incrementarlo a través de decretos leyes, con la ayuda de la mayoría absoluta que el PP tiene en las dos cámaras. Ahora, la imposibilidad de recurrir a este sistema obliga a María Dolores de Cospedal a aumentar el presupuesto de partida para incorporar los pagos de 2016 y 2017.

Desde que el exministro de Defensa Pedro Morenés optó por el sistema de los créditos extraordinarios, se han gastado unos 4.300 millones de euros por esta vía, siempre a través de reales decretos que se aprobaban en verano, y que se dejaban para el final de una sesión plenaria. Por ejemplo, en 2013, se aprobó tras la larga comparecencia de Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas. Había dos cuestiones ese día, la primera comparecencia del presidente del Gobierno sobre el mayor caso de corrupción del PP, y la segunda era la aprobación de créditos extraordinarios.

El Tribunal Constitucional acabó con esta práctica el verano pasado. En una sentencia en respuesta a un recurso de la oposición, cuestionó que los reales decretos respondiesen a situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”, el argumento necesario para promulgar este tipo de normas legales.

Es más, el alto tribunal señaló que estos créditos se habían convertido en una práctica habitual, y que se hacían para paliar una situación que era perfectamente programable, como son los pagos pendientes con la industria armamentística, con los que el Ejecutivo está hipotecado al menos hasta el año 2030.

Esos pagos proceden de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), un instrumento inaugurado por Morenés cuando era secretario de Estado de Defensa (1996-2000) para la adquisición de aviones, submarinos, carros de combate, fragatas o armamento pesado. En total, esos programas ascienden a 30.000 millones de euros, y aún restan por pagar algo más de 20.000 millones. De media, cada año, deben abonarse unos 1.350 millones de euros.

Con la imposibilidad de recurrir a los créditos extraordinarios, el Gobierno no ha podido hacer frente a la anualidad de 2016. Así, en el Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre la ha “reprogramado” para el próximo año. Es decir, que la suma a la de 2017, cuando habrá que hacer frente al pago de más de 1.800 millones de euros, una de las anualidades más altas que tendrá que pagar Defensa.

El pasado 14 de diciembre, Cospedal se reunió con los portavoces de los grupos en la Comisión de Defensa. Allí les expuso que su intención es incluir esa anualidad en el presupuesto para el próximo año, lo que supondrá un incremento cercano al 30% respecto al inicial de los últimos años. Por primera vez en mucho tiempo, el presupuesto de Defensa reflejará el gasto real que se produzca durante el año.

La vía definitiva para afrontar esos pagos la explicará Cospedal este martes en su comparecencia ante la Comisión del Congreso. Desde el PSOE se muestran satisfechos con que el presupuesto para 2017 se vaya a corresponder con el presupuesto ejecutado de años anteriores.

Ricardo Cortés, portavoz de Defensa de los socialistas, asegura que el presupuesto no sube, sino que solo refleja la cifra real. “Es bueno para todos saber lo que se está gastando”, afirma, y recalca que “está fórmula es mejor” que los créditos extraordinarios, contra los que su partido recurrió al Constitucional.

Añaden que lo mejor sería renegociar esos contratos y establecer un presupuesto plurianual que dé “una mayor estabilidad”. Desde Ciudadanos apuestan también por esta vía. Miguel Gutiérrez recalca que no pueden dejar de afrontarse esos pagos, como ha ocurrido este año, y que es necesario modificar el sistema.

Sobre si el presupuesto aumentará un 30%, se muestra desconfiado, porque asegura que la última palabra la tiene el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En su opinión, hay que modificar cómo se financian los PEAS y establecer un sistema de contratos plurianuales. “Para eso hay que hacer una nueva ley”, advierte.

En Unidos Podemos prefieren escuchar las explicaciones de la ministra en la Comisión. El diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado, asegura que es ahí donde Cospedal tiene que decir qué va a pasar con el montante que queda por pagar de 2016 y con el pago de 2017.

Así, insiste en que lo importante es que Defensa tenga “un presupuesto real”, no una cantidad inicial que luego se amplia durante el año. “Esto demuestra que las cosas se han estado haciendo mal, con opacidad”, añade.