Cristina Cifuentes marca una línea con el pasado de corrupción tras ser elegida presidenta del PP de Madrid

La era Cifuentes ha comenzado en el Partido Popular de Madrid. Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad madrileña, ha sido nombrada presidenta regional del partido con el 93,3% de los votos. A favor de Cifuentes votaron 2.316 compromisarios mientras que hubo 167 votos en blanco y 74 nulos.

“Construir un Partido Popular cada vez más fuerte. Más unido. Más próximo a los ciudadanos y a sus problemas. Con nuevos referentes éticos y estrictos criterios de conducta”, han sido los objetivos que se ha propuesto la política madrileña.

Cifuentes pretende romper con el peor pasado del PP de Madrid. “Quiero impulsar una nueva etapa en el Partido Popular, en la que todos podamos llevar la cabeza muy alta por lo que somos y por lo que representamos”, ha explicado.

Con la designación de Cifuentes acaba la era política bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, aunque su legado se seguirá examinado e investigando en los tribunales. Si en el primer día de Congreso, el protagonismo fue para la expresidenta, que recibió sonoras ovaciones que destilaban adiós, este sábado ha sido el de la confirmación del inicio de una nueva etapa.

En el discurso tras la proclamación como presidenta del partido, Cifuentes ha querido marcar una clara línea con el pasado. Una época que ha calificado como decepcionante “a causa de quienes se han aprovechado de su militancia en el Partido Popular, han abusado de nuestra confianza, han traicionado nuestros principios, y nos han avergonzado. Ellos, los corruptos, no son el Partido Popular. Nos han manchado con su conducta deshonesta, y estamos pagando las consecuencias. Pero ellos no representan al Partido Popular”, ha señalado.

Más de un año después de estar al frente de una gestora tras la dimisión de Aguirre, Cifuentes se ha hecho con las riendas de un partido puesto en duda por sus problemas con la corrupción pero de importancia vital para la formación conservadora. Prueba de ello es que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la ministra de Defensa y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, el coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, han acudido al cónclave madrileño para arropar a Cifuentes.

Rajoy sabe lo que es sufrir la oposición interna a través de Esperanza Aguirre por lo que pidió “unidad bajo el liderazgo” de Cifuentes. En el partido admiten que la presidenta de la Comunidad de Madrid funciona como un verso suelto pero en ningún caso alcanzará las cotas de “deslealtad” que se vivieron con Aguirre.

Crisis de Gobierno

Pocas sorpresas en el equipo diseñado por la presidenta para el partido. Su manos derecha e izquierda en el Gobierno de la Comunidad de Madrid le acompañan en las principales responsabilidades del partido. Ángel Garrido, consejero de Justicia y Portavocía, será el secretario general mientras que Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, pasará a ser coordinador general, una nueva figura a imagen y semejanza de la creada en la estructura nacional.

Lo que sí parece claro es que esta nueva organización tendrá consecuencias en el Gobierno de la Comunidad. Cifuentes no negó la posibilidad de una crisis de Gobierno, es más, admitió que es la renovación es algo positivo para el Ejecutivo, cuando se llega al ecuador de la legislatura. A lo que sí que se negó la presidenta es a definir una nueva estructura que suponga la creación de nuevas consejerías, como la de Cultura, exigida por algunos sectores.

La nueva estructura del partido cuenta con varios aguirristas. En el Comité Ejecutivo Autonómico estará por libre designación de Cifuentes, Íñigo Henríquez de Luna, hombre fuerte de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes del partido admitieron que ese puesto depende directamente de la presidenta con lo que deja las manos atadas a Henríquez de Luna. Otro de los aguirristas que ha obtenido un puesto en el partido es José Luis Martínez Almeida, que se encargará de la Secretaría de Relaciones con el Ayuntamiento de Madrid.

En el núcleo duro más cercano a la presidenta también están el presidente del Comité Electoral, Pedro Rollán, que es consejero de Transportes y Vivienda en el Gobierno de Cifuentes; el presidente del Comité de Derechos y Garantías, Manuel Quintanar, que también es secretario general del Consejo de Gobierno; la presidenta del Comité Jurídico, Paloma Adrados, que también es presidenta de la Asamblea de Madrid; la presidenta del Comité de Afiliaciones, Isabel Díaz Ayuso, también coportavoz del PP en la Asamblea; y la Tesorera, Engracia Hidalgo, actual consejera de Economía de la Comunidad.

La expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Ángeles Pedraza también ha entrado en el Comité Ejecutivo Autonómico como candidata de libre designación.

En cuanto a los vicesecretarios autonómicos, Miguel Ángel Ruiz será vicesecretario de Territorial; el consejero de Políticas Sociales y Famila, Carlos Izquierdo, vicesecretario de Organización; Rosalía Gonzalo, vicesecretaria electoral; José de la Uz, vicesecretario de Innovación; Alfonso Serrano, vicesecretario sectorial; y Antonio González Terol, vicesecretario de Estudios y Programas. Ignacio García de Vinuesa será el Defensor del Afiliado y Cristina Sánchez, la secretaria de actas.

“Hemos tratado, en primer lugar, de integrar territorialmente y de que más o menos todos los distritos y zonas de Madrid tuvieran algún representante en el Comité Ejecutivo. Creo que ha quedado muy equilibrado desde el punto de vista territorial y, sobre todo, hemos buscado que nadie se sintiera excluido”, ha explicado la presidenta.

Rebelión por las plusvalías municipales

El equipo de Cristina Cifuentes ha conseguido reconducir las enmiendas más complicadas para el proyecto de político del Partido Popular de Madrid, que es un reflejo prácticamente igual que el reflejado en los estatutos de la formación a nivel nacional. Solo hubo un pequeño traspiés para el aparato alrededor de una propuesta sobre las plusvalías municipales por parte de un joven compromisario de Puente de Vallecas.

Solo el 56% de las 1.147 enmiendas presentadas ha sido aceptada o transaccionada en las cuatro ponencias que se debatían para definir el futuro organizativo e ideológico del Partido Popular madrileño. Las más problemáticas eran las presentadas por el exdiputado autonómico Luis Peral contra el aborto, la gestación subrogada o el adoctrinamiento en ideología de género, que no fueron aceptadas.

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, también presentó una enmienda contra el aborto que fue transaccionada dejando en el texto la intención de conseguir “la reducción progresiva del número y los supuestos del aborto, con el objetivo de limitar al máximo una práctica que implica daños irreparables en términos humanos y sociales”.

Respecto a la corrupción el partido asume la “tolerancia cero” vía el Código Ético que la gestora aprobó en marzo de 2016 bajo la presidencia de Cristina Cifuentes de manera que la imputación formal por casos de corrupción es motivo para la dimisión. Otra de los aspectos que se han recogido ha sido una enmienda del coportavoz del Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, para “una gradual separación y limitación en la acumulación de cargos institucionales de gobierno y orgánicos del partido” como recogieron los estatutos nacionales.

En el ámbito económico el PP aboga por la exención total del Impuesto de Patrimonio y rebajar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuando las circunstancias económicas lo permitan, entre las medidas más destacadas.

Durante la votación de esta ponencia tuvo lugar una pequeña rebelión contra el aparato del partido por parte de un joven compromisario del PP de Puente de Vallecas, Ernesto Guerrero, que pedía una reducción del coeficiente o eliminación de las plusvalías municipales. Entre el desconcierto de la mesa de organización del Congreso, se paso a votar la enmienda que salió adelante con 283 votos a favor, 281 en contra y 7 abstenciones. Desde el equipo de Cifuentes se ha insistido en que la enmienda no tienen recorrido porque se trata de “un impuesto municipal que se regula mediante normativa estatal”.