Defensa contrata a un empresario indultado para la seguridad de sus edificios por unos 16 millones al año
La expansión más allá de las islas de Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del presidente de la UD Las Palmas e indultado Miguel Ángel Ramírez, continúa. Después de hacerse con la vigilancia de buena parte del metro de Madrid y renovar el contrato para la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios en Madrid (que ejerce desde 2011, a razón de 2,8 millones al año), ha consolidado su posición como empresa encargada de la seguridad de los edificios vinculados al Ministerio de Defensa, una tarea que el Gobierno ha ido privatizando en los últimos años.
En enero, la empresa de vigilancia resultó adjudicataria de un contrato de tres meses y 700.000 euros para encargarse de la seguridad de varios complejos militares y subdelegaciones de Defensa. El BOE de hoy recoge la formalización de un acuerdo marco por el que Seguridad Integral Canaria se compromete a realizar estos servicios por casi 16 millones de euros al año de precio estimado.
El acuerdo se ha firmado para dos años (unos 32 millones en total) y puede ser prorrogable a otros dos. Incluye la vigilancia y el control de accesos y perímetro de edificios como el Complejo Arturo Soria en Madrid, bases militares, institutos, acuartelamientos, academias, subdelegaciones de Defensa y residencias militares. La empresa se compromete a subrogar a 386 trabajadores que ya realizan estos servicios.
La seguridad de los edificios forma parte del Lote 1 del acuerdo marco. El lote 2 está destinado a contratar servicios auxiliares para los edificios de Defensa, como porteros y conserjes, y ha sido adjudicado a la empresa Proman por unos cinco millones y medio al año. En total, entre ambos lotes, este acuerdo marco suma 43 millones de euros anuales. Se trata de un precio estimativo del valor final, puesto que el coste que finalmente pague Defensa vendrá determinado por los servicios efectivamente prestados por estas dos empresas.
La adjudicación contiene dos aspectos reseñables y poco habituales en la contratación pública. El primero, un considerable retraso (pese a haber sido tramitado como urgente), ya que los pliegos destacan que el servicio se prestará desde el 1 de enero de 2014 o, en su defecto, desde la fecha de formalización del acuerdo marco. Obviamente, será esta última la que marque el arranque: el pasado 4 de agosto. El segundo es que han adjudicado cada lote a una única empresa. El acuerdo marco es un sistema de contratación pública por el que se suele seleccionar a varias empresas para un determinado servicio. A partir de su firma, las entidades responsables de contratar esos trabajos pueden adjudicar contratos a una de esas empresas directamente, sin concurso público, ya que las condiciones han sido aprobadas en el acuerdo marco. En este caso la elección de este sistema y no el de adjudicación directa, teniendo en cuenta que se contratará a una única empresa para cada servicio y no habrá posibilidad de elección, no acaba de quedar claro.
Seguridad Integral Canaria pertenece al Grupo Ralons, propiedad de Miguel Ángel Ramírez. El presidente de la UD Las Palmas fue condenado en 2009 por un delito contra la ordenación del territorio por construir en zona protegida. En octubre de 2013, el Gobierno le indultó y cambió su pena de tres años y un día por otra de dos para intentar evitar su ingreso en prisión.
