La Defensora del Pueblo reprueba ciertas actuaciones de la Policía
La Defensora del Pueblo ha contestado a una serie de quejas presentadas por varios abogados pertenecientes a la Comisión Legal de Sol-15M y asociaciones de abogados como ALA ante el Colegio de Abogados de Madrid (ver en PDF), en las que se denunciaba el trato por parte de la policía en la comisaría de Moratalaz a varios detenidos que participaban en una protesta contra la reforma laboral en Madrid en febrero de este año.
En aquella denuncia (ver en PDF) se daba detalles de cómo la policía había tomado declaración a los arrestados con el rostro cubierto, y cómo había interrumpido la comunicación entre los abogados defensores y los detenidos. En el escrito presentado a la Defensora del Pueblo, también se hacía hincapié en que los agentes no iban identificados.
En su contestación al Colegio de Abogados, con fecha de hoy, la Defensora reprueba dichas actuaciones policiales y llega a recomendar su prohibición. Afirma que el “uso de prendas que ocultan el rostro dentro de las propias policiales empaña el correcto ejercicio del derecho a la asistencia letrada de los detenidos, y como tal, debería prohibirse expresamente”.
En el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, la Defensora recomienda a la Policía “que se impartan las instrucciones oportunas para que en los supuestos en los que se produzca una detención, los agentes encargados tanto de la toma de declaración como de la custodia de los detenidos, dentro de las dependencias policiales, no oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria, ni a los detenidos ni a sus letrados, por estimarse dicho uso desproporcionado y contrario al derecho de defensa y de asistencia letrada reconocidos constitucionalmente”.
Y añade que “el personal que vista uniforme reglamentario lleve el carné profesional, y en el uniforme, la placa-emblema con el número identificativo personal, y no se introduzca ningún tipo de impedimentos ni se realice interrupción alguna a la entrevista privada con el letrado posterior a la toma de declaración del detenido por los agentes policiales”.
La Comisión Legal de Sol confía en que dicha recomendación sea seguida por la Dirección General de Policía “para acabar con una situación que desgraciadamente se ha venido repitiendo más allá de los hechos concretos denunciados, y que como bien considera la Defensora del Pueblo, supone una vulneración de los derechos de las personas detenidas y ahonda aún más en la impunidad de determinadas actuaciones policiales”.
