Defensores de derechos humanos acusan a dos empresas brasileñas de espionaje

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acusó hoy a dos empresas brasileñas, la gigantesca minera Vale y la polémica hidroeléctrica en construcción Belo Monte, de espiar a sus empleados y a organizaciones de la sociedad civil de Brasil.

Las acusaciones fueron realizadas en una rueda de prensa en Río de Janeiro en el último día de la misión que varios expertos de la FIDH, organización con sede en París, hicieron a Brasil para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente de espionaje.

Los miembros de la misión se reunieron en los últimos seis días con víctimas, organizaciones sociales, representantes del Gobierno, del poder judicial, parlamentarios y responsables de la empresa Belo Monte. La misión concluiría este mismo viernes con un encuentro con la dirección de la Vale.

Según el FIDH, que exhibió varias pruebas documentales durante la rueda de prensa, Vale y Belo Monte incurrieron en delitos como corrupción, acceso ilegal a información, acceso a información confidencial del Estado, grabaciones clandestinas, usurpación de identidad y acceso ilícito a bases de datos públicos.

Vale, con minas en varios países, es la mayor productora y exportadora mundial de hierro, en tanto que Belo Monte, una hidroeléctrica en construcción en medio de la Amazonía y que inundará extensas áreas de indios y pescadores, será la segunda mayor represa de Brasil.

Algunos de los documentos presentados demuestran, según la federación, sobornos a agentes del Estado y un posible apoyo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) a las actividades de espionaje de las empresas.

Todo ello se hizo, según la organización defensora de derechos humanos, en contra de actores y ONG consideradas por estas empresas “como posibles trabas en sus actividades”.

Vale tuvo en su plantilla durante un año a dos personas en excedencia de su trabajo en la ABIN, según la FIDH.

De acuerdo con la Federación, estas personas tenían como ocupación la vigilancia de los movimientos sociales tanto en Vale como en la sociedad civil brasileña, y podrían haberse aprovechado de conocimientos e información confidencial adquiridos durante su trabajo en la ABIN.

“Las empresas no pudieron hacer ese trabajo solas, necesitaron colaboración del Estado brasileño”, aseguró el abogado y responsable de FIDH, Alexandre Faro, para referirse al acceso a los datos.

Para el activista, esta operación “supone una privatización de los servicios de inteligencia”.

Faro consideró “muy grave” esa colaboración entre Estado y empresas y lamentó que la ABIN se haya negado a recibirles, “como sí que han hechos varios ministerios, Belo Monte y lo hará Vale hoy”.

La responsable de la Oficina de las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, aseguró que “la presidenta Dilma Rouseff debería mostrar una mayor coherencia y denunciar públicamente este espionaje, como ya hizo con el de la NSA en el marco del caso Snowden”.

Los responsables de la misión de investigación publicarán un los próximos meses un informe, que tiene como objetivo hacer “recomendaciones detalladas al Gobierno de Brasil, organizaciones internacionales, representaciones diplomáticas en el país y mecanismos de protección de los derechos humanos”, según dicen en un comunicado.

El grupo de investigación no se plantea, de momento, personarse en los tribunales, según aseguraron sus miembros.