Denuncian a Bárcenas por delitos contra Hacienda, cohecho y tráfico de influencias
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas recibe la segunda denuncia en una semana. Después de que el lunes la secretaria general de la organización, María Dolores de Cospedal, presentara una demanda civil contra el exjefe de las cuentas del partido, este jueves una asociación de defensa de los derechos humanos lleva a Bárcenas a los juzgados mediante una querella criminal.
La Asociación Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) denuncia a Bárcenas por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y falsedad de contabilidad de partido político.
Los demandantes consideran que los 'papeles de Bárcenas' publicados por el diario El País demuestran que el PP tuvo una contabilidad B en el tiempo en el que Bárcenas estaba al frente de la tesorería. Por ello, a través de esta querella contra Bárcenas y contra “quien resulte responsable a lo largo de la investigación”, quieren que un juez investigue los datos anotados en los papeles que se atribuyen al extesorero popular.
Fuentes de los demandantes han explicado a eldiario.es que la demanda de Cospedal no es suficiente porque podría acabar en un “acuerdo político” y, además, no supone que la Justicia vaya a pronunciarse sobre la comisión de esos delitos, sino únicamente sobre si Bárcenas ha faltado o no al honor de la número dos de Mariano Rajoy al apuntarla en la supuesta contabilidad B del partido.
Bárcenas ya está imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, después de que la Audiencia Nacional viera indicios para investigar al extesorero del PP. Los demandantes recuerdan que los hechos que se recogen en su querella, presentada en un juzgado de instrucción, no guardan relación con los que se investigan en la Audiencia Nacional, por lo que consideran que el juez no debe desestimar su escrito. Ademas, defienden que la Fiscalía Anticorrupción, personada en el caso de la Audiencia Nacional, ha demostrado que “no existe conexidad entre esos y estos hechos”.
En el escrito que presenta en el juzgado, la acusación popular razona que los papeles de Bárcenas ponen de manifiesto las irregularidades en la financiación del PP. Explica, por ejemplo, que las donaciones reflejadas superaban el límite legal o que la totalidad de las donaciones apuntadas no se ingresaba en una entidad bancaria tal y como exige la ley. También defiende que, según los papeles, se incurrió en un delito contra la Hacienda Pública ya que se trata de una contabilidad B que no tiene “reflejo en declaraciones tributarias que como formación política es obligado presentar”.
La querella destaca que los presuntos delitos se repitieron durante más de dos décadas, por lo que insta a su investigación por parte del juez dado que, al tratarse de un supuesto delito continuado, no habrían prescrito (la doctrina establece que el plazo prescriptivo comienza a computarse en el momento en el que se comete el último de los hechos -en el caso de los papeles filtrados, diciembre de 2008-).
Los demandantes consideran que Bárcenas podría haber cometido un delito de cohecho o de tráfico de influencias debido a la relación de las empresas donantes con la Administración Pública, en muchos casos gobernada por el PP. Sostienen que la ocultación de los ingresos en una presunta contabilidad B “indican que se trataba de dádivas o pagos” por el trato de favor en la adjudicación de contratos públicos.
La asociación pide que se impute a Luis Bárcenas e insta a la Fiscalía Anticorrupción a que deje en manos del juez el procedimiento que ha abierto para investigar los papeles filtrados. También pide que se llame a declarar, “por ahora”, en calidad de testigos a muchos de los nombres que aparecen en la contabilidad B, entre ellos los empresarios donantes y algunos dirigentes del PP, como el presidente del Senado, Pío García Escudero, quien reconoció que aparecía en las cuentas porque había pagado a la organización en concepto de devolución de un préstamo que se le había concedido, o Jaime Ignacio Burgo, nombre que también aparece reflejado porque supuestamente recogió los pagos dirigidos al diputado navarro Calixto Ayesa.
