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Denuncian a Celia Villalobos en Anticorrupción por enviar propaganda electoral a cargo del Congreso

La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos

Irene Castro

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido una denuncia por malversación de fondos y caudales públicos interpuesta contra la vicepresidenta del Congreso y diputada por Málaga, Celia Villalobos, por un presunto delito de malversación de fondos y caudales públicos. La denuncia, interpuesta por la Liga Anticorrupción, se basa en la información desvelada por eldiario.es que atribuye a la popular el envío de un 'mailing' masivo con cargo a la Cámara Baja en el que agradecía a los interventores y apoderados del PP durante las elecciones generales el apoyo a Mariano Rajoy y pedía el impulso a la candidatura de Javier Arenas en los comicios de Andalucía.

Los denunciantes instan a Anticorrupción a que investigue el número de cartas enviadas por la vicepresidenta para “cuantificar económicamente el coste de este 'mailing', elemento nuclear para una determinación económica del menoscabo a las arcas públicas”.

La Liga Anticorrupción considera que la carta de Villalobos tenía por objeto un “asunto privado” y explican que el cargo debería haber corrido a cargo del Partido Popular. Por el contrario, la carta, aportada como prueba junto a la denuncia, contaba con el franqueo oficial del Congreso. “Se trata de un claro uso partidista de dinero público y por consiguiente se trataría de un presunto delito de malversación de caudales tipificado en los artículos 432 y siguientes del Código Penal” señalan los denunciantes.

Con la denuncia, pretenden que “se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en estos fines que a todas luces no tienen que ser pagados con dinero público y que se condene a la diputada por la comisión de este delito como ejemplo para la sociedad”.

También piden a Anticorrupción que observe si el envío de cartas con fines partidistas es un “procedimiento habitual” en el Congreso y que estudie si la Cámara “dispone de un sistema para evitar ese uso indebido del franqueo con cargo al dinero público”.

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