51 detenidos, entre ellos Francisco Granados, por formar parte de una trama de cobro de comisiones
El que fue número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil en el seno de una operación contra la corrupción, que ha incluido el registro de varios ayuntamientos, domicilios y sedes de empresas. El juez Eloy Velasco, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es quien dirige la operación. Además de Granados, entre los implicados se encuentra el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, a quien los agentes están interrogando en su despacho.
La operación ha conllevado por el momento la detención de media docena de alcaldes madrileños. De momento, han sido detenidos el socialista José María Fraile, alcalde de Parla, y el de Valdemoro (del PP), José Carlos Boza. También se ha arrestado a los alcaldes de otros cuatro municipios de Madrid: Agustín Juárez (PP), de Collado Villalba; David Rodríguez (PP), de Casarrubuelos; Antonio Sánchez Fernández (Unión Demócrata Madrileña), de Serranillos del Valle; y Gonzalo Cubas (PP), de Torrejón de Velasco. Los registros están siendo numerosos y se están produciendo en las localidades de Pinto, Parla y Villalba.
Según fuentes municipales de Pinto, el registro en esta localidad madrileña no se ha producido en la sede del Ayuntamiento sino en la de la empresa constructora de David Marjaliza, TPC Gestiones y Consulting Inmobiliario.
En la operación, que coordina la Fiscalía Anticorrupción, participa el grupo de delitos económicos de la Unidad Central Operativa y también están siendo registrados domicilios de diversos constructores. La operación es contra “una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías”, ha afirmado la Fiscalía. Además de en la Comunidad de Madrid, también se producen actuaciones en Murcia, León y Valencia.
El comunicado detalla que en la trama se ha detectado la “connivencia de ediles municipales y funcionarios, sociedades constructoras, empresas de obras y servicios energéticos y el concierto de intermediarios y sociedades instrumentales”, que han reportado en adjudicaciones públicas 250 millones de euros “sólo en los dos últimos años”. La Fiscalía relata que fueron “la contrapartida a comisiones ilegales a costa de la Hacienda municipal y autonómica”.
En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
Además de los registros, se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar movimientos de fondos. Por último se han dictado también 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
A Granados, que fue el secretario general del PP de Madrid entre los años 2004 y 2011, le costó el cargo el descubrimiento de una cuenta bancaria en Suiza con 1,5 millones de euros, que abrió poco después de ser elegido alcalde de la localidad de Valdemoro, en 1999. Granados negó en un primer momento tener una cuenta, aunque matizó poco después en un comunicado que no la mantuvo “durante su actividad política” sino “como consecuencia de su actividad profesional en banca de inversión”. Según el exsenador, la cerró en el año 2000.
La cuenta fue descubierta en un rastreo rutinario de la justicia suiza, que informó a España del intento de cancelarla sacando todo el dinero de un solo golpe. Ese movimiento llevó a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción a investigar el origen de los fondos. En concreto, el juez Velasco rastrea si el dinero llegó a Granados a cambio de adjudicaciones de obras y servicios, así como las recalificaciones urbanísticas durante su mandato como alcalde de Valdemoro. Granados entregó su acta de senador el pasado 20 de febrero y renunció como diputado en la Asamblea de Madrid. Su jefa, Esperanza Aguirre, no tardó en celebrar la decisión como “una buena noticia”.
En conjunto, la investigación de este caso ha conducido a la detención de 51 personas en Madrid, Valencia, León y Murcia, y a 250 registros y 400 mandamientos a bancos y aseguradoras para el bloqueo de cuentas y productos financieros.
