Dinero público para el interés privado de Salvador Victoria y Lucía Figar
El 27 de octubre de 2014, la política madrileña y española se convulsionó con el arresto del que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Presidencia Francisco Granados. Era uno de los 35 arrestados por una amplia trama de corrupción, que albergaba diferentes ramificaciones en su seno, y que afectaba principalmente a la Comunidad de Madrid, pero también a Murcia y Castilla y León. Saltaba la Operación Púnica.
En uno de los autos dictados en los días siguientes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a la cárcel al empresario Alejandro de Pedro Llorca como “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza –el amigo íntimo de Granados- y que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto”.
En esas pocas líneas del juez se adivinaba lo que ocurrirá el próximo 26 de junio en la Audiencia Nacional: la declaración como imputados del actual consejero de Presidencia en funciones, Salvador Victoria, y la consejera de Educación, también en funciones, Lucía Figar. Ambos habrían pagado con dinero de los presupuestos trabajos que revertían en su propio beneficio.
El gigantesco volumen de la investigación ha retrasado su citación, pero también ha influido el hecho de que ambos, como los otros tres citados para junio, gozan de la condición de aforados. La Guardia Civil puso en manos del juez la información necesaria para el interrogatorio el pasado mes de enero y el magistrado optó por esperar a después de las elecciones autonómicas y municipales para llamarles a declarar. De lo contrario, habría perdido la investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
A pesar de ello no se puede decir que la Operación Púnica no haya afectado a la carrera política de los imputados. Las distintas informaciones periodísticas que iban detallando las sospechas sobre los políticos provocaron que el 27 de marzo Figar anunciara que dejaba la política. Tres semanas después, se conoció que Salvador Victoria no repetiría en las listas del PP a la Comunidad de Madrid. Ni el consejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz, ni el diputado en la Asamblea madrileña José Miguel Moreno, ni el alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid), Mario Utrilla, encontraron un hueco en las listas del Partido Popular.
El juez Velasco envió a prisión al empresario Alejandro de Pedro el 30 de octubre. El día antes, uno de los detenidos, José Martínez Nicolás, había permitido al magistrado abrir una nueva vía de investigación. En su despacho de la Audiencia Nacional, el entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, señaló a Victoria como el cargo que le ordenó reclamara 120.000 euros a Indra en tres partes. Al menos uno de ellos iría destinado a pagar una deuda con De Pedro.
Según la documentación que la Guardia Civil fue a buscar a la Comunidad de Madrid el 22 de enero, De Pedro hacía trabajos de reputación en Internet para Victoria, Figar y otros cargos de la Administración autonómica. Al mismo tiempo, Indra es contratista de la Administración. Fuentes de la investigación descartan a eldiario.es que se trate, con los indicios acumulados hasta ahora, de un caso de financiación irregular del PP. Sin embargo, hay indicios sólidos de que los políticos de la formación de Mariano Rajoy aprovechaban su responsabilidad en los contratos públicos para obtener prebendas, en este caso, trabajos para mejorar su reputación en Internet que no pagaban ellos.
Ante el juez Velasco también había declarado María José Gutiérrez Martínez, empleada de Eico Online, una de las empresas de De Pedro. Esta ingeniera informática desveló que lo que la Comunidad de Madrid quería hacer pasar como trabajos de ‘clipping’ (recopilar y resumir las publicaciones en Internet sobre un tema), eran en realidad de mejora de la reputación de políticos del PP.
Entre los trabajos que mencionó figuran los de contrarrestar las noticias sobre el origen del ático del presidente de la Comunidad, Ignacio González, o las del cheque guardería que recibía Lucía Figar. “Un hueso”, según declaró ante el juez. El trabajo de la empresa consistía en crear una especie de periódicos ‘zombies’ que solo publicaban noticias positivas de los políticos y que intentaban posicionarse por encima de las publicaciones reales que hablaban de las citadas informaciones. Esos trabajos se habrían camuflado en los contratos como de servicio a la Administración.
