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EE.UU. pide extraditar a España a salvadoreño acusado de matar a cinco jesuitas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó hoy a un Tribunal de Carolina del Norte que apruebe la detención y extradición a España a un excoronel del ejército salvadoreño acusado de asesinar a cinco sacerdotes jesuitas españoles en El Salvador en 1989.
En 2011, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pidió la extradición a España de 15 de los 20 militares salvadoreños implicados en la matanza de los cinco jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
En la petición, a la que tuvo acceso Efe, la Justicia estadounidense argumenta que el excoronel Inocente Orlando Montano Morales, de 72 años, participó en una serie de reuniones antes de la matanza y, en la última de ellas, “uno de los oficiales, en presencia de Montano, dio la orden de matar al padre Ignacio Ellacuría y no dejar testigos”.
En la madrugada del día siguiente, el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana (UCA), de la que Ellacuría era rector, el Ejército salvadoreño asesinó a seis sacerdotes jesuitas además de a la cocinera, Elba Julia Ramos, y a su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
Los jesuitas asesinados fueron, además de Ellacuría, los también españoles Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el salvadoreño Joaquín López.
En el momento de la matanza, Montano Morales era el viceministro de Defensa Nacional y tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, “se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes”, según el relato de los hechos.
El encargado de decidir sobre la extradición de Montano Morales es un tribunal del distrito Este de Carolina del Norte, en la costa este de Estados Unidos.
De ser extraditado, el excoronel se enfrentará en España a cargos de “actos de terrorismo”, recogidos en el Código Penal de 1973.
La decisión de la Justicia estadounidense se produje justo cuando el Tribunal Supremo de España evalúa si es competente para juzgar los hechos y si debe o no archivar el caso vinculado a la llamada justicia universal, que fue limitada por una reforma legal en España en 2014.
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