La juez de los ERE retoma el caso con 43 nuevos imputados y 73 sin declarar

La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, regresará en septiembre de sus vacaciones de verano para retomar un caso que ya acumula 116 imputados, de los que 43 lo han sido en el último mes y un total de 73 no han prestado aún declaración judicial.

El caso de los ERE comenzó hace casi tres años, cuando en 2010 la juez investigaba irregularidades en Mercasevilla y descubrió que en su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aparecían dos “intrusos” que nunca habían trabajado en el mercado: Antonio Garrido Santoyo, exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén), y una viuda sevillana que era vecina del comercial de Vitalia que tramitó el ERE.

Lo que empezaron como irregularidades atribuidas a Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, y una decena de amigos suyos incluidos como “intrusos”, se ha convertido en una macrocausa en la que están acusados 33 altos cargos, ex altos cargos o funcionarios de la Junta, 17 abogados y mediadores, cuatro sindicalistas y varias decenas de empresarios y beneficiarios de las ayudas.

En un auto del 28 de junio, Alaya imputó a veinte altos cargos o ex altos cargos de la Junta, entre ellos la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, pues a su juicio “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas” que habrían permitido el “uso indebido de las transferencias de financiación” y el “dispendio continuado de fondos públicos”.

La juez cree que los imputados idearon o perpetuaron el sistema de ayudas mediante transferencias de financiación, que tendría por objeto “eludir los controles que podía ejercer la Intervención” y favorecer a familiares y amigos de “altos cargos de la Junta o del PSOE”.

En febrero pasado orientó sus investigaciones a las sobrecomisiones “millonarias” de las pólizas que durante más de una década pagó la Junta y que fueron el “verdadero alimento de una trama corrupta”.

Los retrasos del proceso han motivado varios avisos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como quejas de imputados como Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, que está imputado desde enero de 2011 sin haber declarado aún ante la juez.

Fuentes del caso atribuyen el retraso a la complejidad del proceso y recuerdan que la propia Alaya ha apremiado en varias ocasiones a la Guardia Civil para que entregue sus informes, entre ellos el que anunció en enero de 2012 sobre el “papel esencial” en las ayudas de José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y ahora diputado en el Congreso por el PSOE.

José María Mohedano, abogado del viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, llegó a calificar de “corruptela procesal” lo que denominó “selectiva imputación”, pues Alaya habría dejado fuera a todos los aforados de entre los altos cargos de las consejerías implicadas en el periodo 2000-2012.

El debate abierto antes del verano sobre la necesidad de que Alaya se inhiba a favor del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ante la hipotética imputación del presidente andaluz, José Antonio Griñán, o algunos consejeros, quedó despejado en agosto cuando la Audiencia de Sevilla aseguró que, previamente, la juez debe “apurar y depurar” la investigación.

Además, “nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar”, según la Audiencia.

La Audiencia no despejó, sin embargo, la duda centrada en si la juez debe remitir toda la causa al tribunal superior, incluidos los “intrusos”, o solo la relativa a los aforados.

Por Amanda González de Aledo