De quién dependen los políticos dependientes

La llegada en silla de ruedas de Pablo Echenique (Podemos) y Pablo Soto (Ahora Madrid) a la primera línea del escenario político ha avivado el debate sobre la necesidad de asistencia funcional que tienen las personas con dependencia dentro de las instituciones. La Ley de Dependencia no especifica quién debe financiar a los acompañantes de los representantes políticos ni tampoco cuál debe ser el perfil de esa persona. Ante las lagunas de la norma, cada institución estudia los casos por separado y lleva a cabo actuaciones como acomodar con rampas los espacios públicos o autorizar el trabajo de asistentes para políticos sordos.

El líder de Podemos en Aragón Pablo Echenique, que ha recibido asistencia - sin remunerar - de su pareja mientras fue eurodiputado, cree que la financiación debe proceder del lugar de trabajo. Por otro lado, el concejal en Madrid Pablo Soto se conforma con que sea su partido, Ahora Madrid, quien pueda contratar a su esposa para que ejerza como su asistente para poder moverse, tal y como ha venido haciendo sin cobrar en los últimos años.

“La asistencia funcional es algo muy personal”, asegura Pablo Echenique. “Se trata de alguien que en cualquier momento te tiene que llevar al baño o que te ducha y por eso la última palabra la tiene que tener el discapacitado”, dice sobre la manera de seleccionar a las personas encargadas de ayudar a los políticos para que puedan hacer su trabajo como uno más. Echenique no cree que este puesto de trabajo tenga necesariamente que salir a concurso público aunque sí que ve posible hacer una selección abierta en la que al final sea el discapacitado el que elija al que “mejor encaja”. En ese sentido, recuerda que la propia Ley de Dependencia contempla la posibilidad de que sea un familiar quien asista y acompañe a las personas con dependencia al reconocer la figura del cuidador familiar o no profesional.

El artículo 14.4 de la Ley de Dependencia recoge la opción de que un cuidador no profesional perciba una prestación económica siempre que den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. El artículo 18 de la misma norma aprobada por el PSOE describe algunas de las obligaciones que deben cumplirse para que “el entorno familiar” reciba apoyo económico. Sin embargo, por otro lado, la figura del cuidador familiar también es criticada por algunos economistas que consideran que puede retroalimentar el hecho de que esta labor siempre recaiga sobre las mujeres.

Durante el período que Echenique fue eurodiputado, la persona que se encargó de llevar a cabo las labores de asistencia fue su esposa, aunque nunca recibió dinero por ese trabajo. “En el caso de Bruselas era más complicado porque al estar fuera de casa alguien me tenía que levantar, duchar, vestir… de ser terceras personas hubiera requerido contratar a tres personas”, explica el político. “Me parecía una tontería que el parlamento tuviera que contratar a tres personas por un trabajo que mi mujer hacía y fue en ese momento en el que exploramos la posibilidad de que fuese mi mujer la que hiciese de asistente personal”, apunta Echenique. Finalmente, no encontraron la fórmula que evitara los titulares de que el eurodiputado contrataba a su mujer.

Ahora Pablo Echenique no tiene asistencia personal. Hasta las Cortes de Aragón se desplaza en taxi adaptado porque en Zaragoza existe una subvención para personas con discapacidad y en el Palacio de la Aljafería ya se habían modificado diferentes estructuras para la diputada aragonesa Teresa Perales, que también necesita silla de ruedas. “A diferentes niveles de discapacidad, diferentes niveles de asistencia. Hay personas que necesitan apoyo permanente y hay personas que no”, explica.

¿Quién financia la asistencia funcional?

Para Echenique, la financiación de la asistencia de movilidad tiene que partir del lugar en el que se trabaja y no solo en el ámbito de la política, aunque también denuncia que “todo esto es un parche porque el Estado no lo paga” a través de la Ley de Dependencia. “Pablo [Soto] y yo tenemos más visibilidad y podemos ser un altavoz pero hay muchos ciudadanos que también lo necesitan”, destaca.

El concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital Pablo Soto cree que debe ser su propio partido el que se haga cargo de los gastos de su asistente funcional. Su mujer es la que se encarga de llevar a cabo todas las labores necesarias para que Soto ejerza normalmente su cargo. “Para que yo pueda seguir, alguien me tiene que ayudar y la mejor persona para hacerlo es ella”, explica Soto. “Ninguno de los puestos de los grupos ni de los partidos es de concurso público, todos los puestos se nombran por libre designación. Si eso ocurre para los puestos de cada área pues imagínate para una persona que te tiene que acompañar al cuarto de baño”, dice el concejal.

El edil madrileño ha explicado que todos los concejales de Ahora Madrid se limitaron los salarios a “unos 2.000 euros” pero que cuando se hizo se dijo también que se atendería a cuestiones concretas “como a personas con diversidad funcional o familia numerosa”. Una de las opciones era que, de su sueldo, Soto derivara una parte para su pareja, pero el concejal cree que lo correcto sería que Irene González [su esposa] tuviera un contrato con todos los derechos laborales correspondientes y que quien puede hacer eso es Ahora Madrid y no necesariamente el Ayuntamiento.

Una de las soluciones que se plantean desde el Consejo General del Trabajo Social es la posibilidad de crear un sistema mixto que combinase la asistencia personal, proporcionada por profesionales, con la asistencia familiar, pero con un reconocimiento real de este trabajo. “Habría que evaluar cada caso pero ¿por qué las mujeres de Echenique o de Soto tienen que estar 24 horas dedicadas a sus maridos?”, plantea la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima. “A veces ponerlo tan fácil para las familias hace que algún miembro de la misma tenga que hacer un sacrificio enorme”, explica Lima que también ha recordado que los colectivos feministas encabezaron muchas críticas en contra de que se diera la prestación a cuidadores no profesionales. “Se criticó porque el 93% de estos cuidadores no profesionales eran mujeres”, ha apuntado.

Las instituciones improvisan

Las carencias en la Ley de Dependencia hacen que cada institución decida cómo solucionar cada caso. En el caso del Senado, por ejemplo, no hay un reglamento interno específico pero hace poco más de una semana se autorizó que la senadora sorda Pilar Lima González pueda elegir a dos asistentes de confianza para llevar a cabo sus funciones y se van a hacer algunas adaptaciones técnicas en el hemiciclo.

Cuando Francisco Vañó llegó por primera vez al Congreso de los Diputados en silla de ruedas allá por el año 2000 “fue llamativo y escandaloso” según cuenta él mismo. Nunca antes había habido un discapacitado en la cámara y poco a poco se fueron modificando las estructuras para que el diputado conservador pudiera ejercer con normalidad su actividad parlamentaria.

“El Congreso siempre ha estado dispuesto a facilitar las cosas”, cuenta Vañó que explica con alegría cómo se instaló un elevador especial para que pudiera llegar a su escaño como el resto de los diputados. “Para subir a mi escaño tuvieron que poner el ‘Montapacos’ que ahora también utilizan otros diputados que tienen problemas de movilidad temporales”, recuerda.

Francisco Vañó nunca ha necesitado asistencia funcional, sin embargo, cree firmemente que si un diputado lo necesita “la cámara lo tiene que resolver”. “La Ley de Dependencia se creó con una intención buenísima, pero no se dotó lo suficiente económicamente”, concluye el diputado popular.

En eso está de acuerdo con Ana Lima, del Consejo General del Trabajo Social, para el que la Ley de Dependencia está bien planteada pero carece del dinero suficiente para su desarrollo. La presidenta de los trabajadores sociales cree que una buena forma de financiación sería a través de sistemas como el copago, de este modo, las ayudas dependerían de los ingresos de las personas dependientes. “En casos de diputados o concejales sería absurdo que el Gobierno lo pagase absolutamente todo porque va a tener un sueldo. El servicio social y las prestaciones nunca han sido completamente gratuitos”, dice Lima.

Otro de los puntos que también mejoraría Lima es la definición de los asistentes personales dentro de la Ley de Dependencia y la existencia de un convenio específico para ellos puesto que este colectivo “se queja de que tienen unos contratos muy precarios con jornadas laborales excesivas”.