El exviceconsejero de Economía de Castilla y León compró un piso a la constructora del Perla Negra pero exigió un pago previo de 220.000 euros
La vivienda, ubicada en el paseo de Zorrilla de Valladolid y de 235 metros cuadrados, fue comprada por Tecnicyl, la sociedad de uno de los responsables de la constructora Urban Proyecta, en abril de 2006. Tan sólo un mes después, la Junta le adjudicó la construcción del edificio de Economía. El piso se transfirió por 437.747, 65 euros, el mismo precio que pagó Tecnicyl, a Nereo de Inversiones, administrada por Carlos González Maestro.
Gónzalez Maestro, también imputado en el caso, es un abogado relacionado con una veintena de empresas entre las que figuran San Cayetano, cuyos responsables (los hermanos Esgueva Gutiérrez) están imputados tanto en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra, o Cementos la Bureba, una de las sociedades presuntamente beneficiadas por el pelotazo del sobrecoste del parque empresarial de Portillo y que forma parte de la causa. El letrado también es administrador la sociedad que se constituyó para gestionar el fallido polígono.
Delgado alquiló el piso de Zorrilla por 900 euros a Tecnicyl en 2011, año en que dejó la Junta de Castilla y León, y acabó comprándolo en septiembre de 2012, a través de su sociedad Samuño Activos SLU. Lo curioso es cómo se fraguó esa compra. En abril de 2012, Jesús Rodríguez Recio mandó un correo al administrador de Nereo para exponer como Delgado y él pretendían “rematar el asunto del piso de Zorrilla” para poner el plan en marcha ese mismo mes “a todos los efectos”. El correo iba con copia a los responsables de la promotora y la constructora del edificio Perla Negra, Ángel Montes (Urban Proyecta) y Germán Martín Giraldo (Parqueolid).
La fórmula propuesta era un contrato de arrendamiento con opción de compra por 2.100 euros mensuales (Delgado estaba pagando 900) y la opción de compra por 400.000 descontando el 50% del arrendamiento, pero recogían en el acuerdo “dos estipulaciones claves”, una de ellas era que se reconociese una “realización de obras y mejoras realizadas por el arrendatario por importe no inferior a 200.000 euros, que en caso de ejercer la opción de compra sean descontadas del precio”, y precisaba: “así no se vincula ningún pago previo, ni transmisión de capital alguno”. El plan era realizar la compraventa dos años después y poner como titular del nuevo arrendamiento a Samuño Activos, la mercantil de Delgado.
Pero la propuesta no se llevó a cabo. El 25 de abril, el testaferro volvía a escribir al propietario (siempre con copia a los responsables de Urban Proyecta y Parqueolid) para trasladarle su “disgusto” (del él y de Rafael) por verse “avocados” [sic] a la compra, porque de otro modo les saldría más caro y sólo ganaría la entidad financiera. “Por consiguiente la operación se estructura como compraventa por el precio de la hipoteca, y el día de su firma deberemos recibir la cantidad de 220.000 euros”, decía Rodríguez Recio.
“La facturación que sea necesaria”
Añadía que “si a efectos de justificación del pago de los 220.000 euros” necesitaba una o varias facturas, una de sus mercantiles (escribe nuestras, en referencia a las de él y Delgado) “estará dispuesta a la facturación que sea necesaria”. La compra se hizo efectiva en septiembre, pero por 412.113,79 un precio notablemente inferior al abonado inicialmente por el vendedor.
Hacienda considera que el piso fue pagado “al menos en parte” por la sociedad del testaferro, Tough Trade, SAU y especifica que no se ha podido comprobar si el extraño pago de los 220.000 euros por la parte vendedora se hizo efectivo.
En el informe de Hacienda sobre Delgado y sus sociedades, y en el que actuó como apoderado Rodríguez Recio, el inspector hace constar manifestaciones de éste que considera inverosímiles. Por ejemplo, detecta que Delgado realiza abonos de cantidades en metálico en una cuenta de Caixabank. Rodríguez Recio las explicó diciendo que Delgado tenía una caja fuerte en su domicilio particular, y que de ahí disponía efectivo que “había ido retirando del cajero automático desde los años 90”.
El inspector no se cree la explicación por la falta de respaldo probatorio, por el tiempo transcurrido desde las retiradas de dinero y “dada la dificultad añadida de haber retirado del cajero pesetas -años 90- y haber ingresado en la cuenta euros”.
