Educación atenderá al Consejo de Estado sobre tipos de asignaturas y lenguas

La reforma educativa incorporará aquellas observaciones del Consejo de Estado que mejoran técnicamente el anteproyecto, según el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ha citado la nueva distribución del currículum en tres tipos de asignaturas y la enseñanza en castellano en autonomías con lengua cooficial.

En el pleno del Senado, donde ha respondido a preguntas y una interpelación de la oposición, Wert ha asegurado que el dictamen del Consejo de Estado no critica la clasificación en materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica, sino que exige una “clarificación adicional sobre la lógica que la sustenta”, algo en lo que trabaja, ha dicho, el equipo ministerial.

Las troncales no significan que estén por encima del resto en importancia, sino que tienen una estructura común en toda España, ha explicado.

Las lenguas cooficiales no quedan minusvaloradas por no ser troncales, sino de configuración autonómica, ya que tendrán el mismo tratamiento y evaluación que el castellano, ha defendido el ministro.

Wert también ha asegurado que el Ministerio dará “respuesta adecuada” a lo indicado por el Consejo de Estado, que se ha mostrado contrario a que las comunidades autónomas deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta ni en colegios públicos ni concertados.

El ministro ha considerado que el informe es “globalmente positivo” sobre los aspectos medulares, el “esqueleto” de la propuesta de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que puede aprobar el Consejo de Ministros el próximo 10 de mayo.

Según el ministro, el dictamen del Consejo contiene juicios, a veces de dudas técnicas, y en la mayor parte de las ocasiones son “juicios de oportunidad de carácter político”.

Por CiU, la senadora Montserrat Candini ha preguntado cómo va a resolver el Ministerio las “numerosas dudas de inconstitucionalidad” de la reforma a la vista del informe del Consejo y ha señalado que éste no encuentra “ninguna justificación razonable” en la clasificación de asignaturas citada, pues “relega” a la lengua catalana por no considerarse troncal.

La senadora del PNV Rut Martínez ha calificado de “contundente” por “negativo” el informe del Consejo en cuanto a “invasión de competencias” autonómicas en el tratamiento de las lenguas cooficiales.

En una interpelación, Vicente Álvarez Areces, del PSOE, ha señalado que la política de “recortes” y medidas “muy destructivas” de Wert han abocado al sistema educativo al “colapso” y a la “asfixia” de las universidades y a recordado que sindicatos, padres y alumnos de la escuela pública irán a la huelga general educativa el 9 de mayo.

Según Areces, es cínico que desde el Ministerio se diga que los “recortes” no son cosa del Gobierno, sino de las comunidades, pues tienen que aplicar, ha argumentado, la legislación básica que aprueba la administración central.

Sobre la Lomce, ha indicado que se trata de un modelo de “dudosa constitucionalidad”.

“La Lomce va a destruir en muy poco tiempo décadas de trabajo, es un proyecto partidista sin el mínimo consenso, que ha endurecido el articulado a medida de las presiones internas en el Ministerio y de los sectores más conservadores”.

Va a suponer, ha proseguido, “una auténtica ruptura del pacto educativo constitucional”.

Wert ha negado cualquier colapso y ha replicado que la críticas socialistas son una mera “caricatura ideológica”.

Ha añadido, no obstante, que tiene la esperanza de que haya un nivel de acuerdo suficiente en la tramitación parlamentaria para mejorar la base de la ley.

“No sería la primera ley educativa que se aprueba sin consenso; yo voy a intentar más bien lo contrario, que sea la primera que se apruebe con un cierto nivel de consenso”.

Sobre lo que los socialistas llaman “recortes”, ha dicho Wert, más del 90 por ciento del gasto educativo público es de las comunidades.

Si se tienen en cuenta los presupuestos iniciales, el gasto educativo público cayó un 4,2 %, un 3 % en 2012 y un 7 % en 2013, muy desigual entre comunidades, según el ministro.

“Cada una ha intentado racionalizar su gasto desde la perspectiva que ha tenido como mas conveniente”, ha rematado.