La jueza imputó a Elpidio Silva contra del criterio de la Policía por filtrar los correos de Blesa
La jueza que investiga la publicación de los correos de Blesa y la Fiscalía de Madrid actúan en contra del criterio de la Policía. La magistrada Susana Polo ha imputado a Elpidio José Silva por un delito de revelación de secretos, cometido supuestamente al entregar a varios medios de comunicación los mensajes del expresidente de Caja Madrid. Para imputar a Silva y citar como testigos este viernes a ocho personas, Polo remite al contenido de un informe policial del 22 de mayo. Sin embargo, según informaron a eldiario.es fuentes próximas a la investigación, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de Madrid despreciaron los indicios existentes en la causa y recomendaron a la jueza no continuar investigando.
En su auto del pasado 2 de junio, Polo revela que en la causa remitida desde el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid figura un testigo protegido (1/14). El testimonio prestado por esta persona a la Policía describiría hechos susceptibles de constituir malos tratos psicológicos, vulneración de derechos fundamentales y falsedad de documentos por parte de Silva. Nada dice la juez de que 1/14 denunciara un delito de revelación de secretos, por otra parte, el objeto de la presente causa. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) habría obviado esa acusación dada la condición de testigo protegido de la denunciante, según las citadas fuentes.
Pero la Brigada Provincial de Policía Judicial llegó a una conclusión muy distinta después de haber analizado las declaraciones de 1/14 y haber realizado otras diligencias. Los investigadores policiales consideraron débiles los indicios de revelación de secretos y el resto de delitos por basarse en un mero testimonio y remitir a conversaciones telefónicas imposibles de recuperar. En este sentido, la Policía declinó siquiera llamar a interrogar a las personas señaladas por haber podido tener relación con los correos. También destacó la inconveniencia de dedicar más recursos al caso.
A pesar de ello, Polo imputó a Silva, recuperó ocho nombres de la declaración de 1/14 y los citó como testigos. Entre ellos se encuentran dos abogados que han participado en distintos momentos en la defensa de Elpidio José Silva en la causa que se sigue contra él por prevaricación y cuya vista se encuentra interrumpida en el TSJM hasta el próximo 7 de julio. La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación para Silva en ese proceso.
El impulso de la Fiscalía
Tanto la imputación de Silva por difundir supuestamente los correos, como las declaraciones de hoy, se producen a instancias de la Fiscalía de Madrid. Su jefe, Manuel Moix, está detrás de la denuncia que terminó sentando a Silva en el banquillo por la investigación a Blesa. También ha impulsado la imputación contra el juez en excedencia por revelación de secretos. Por contra, Moix se ha mostrado desde un primer momento contrario a investigar el contenido de los correos electrónicos publicados por eldiario.es y otros medios sobre la gestión de Blesa al frente de Caja Madrid. El fiscal jefe de Madrid se basa en que la Audiencia Provincial anuló toda la instrucción en el marco de la cual Silva obtuvo los correos de Caja Madrid. Esa opinión es compartida por el juez del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que también rechazó incorporar los mensajes a la investigación sobre las preferentes.
Se da la circunstancia de que la juez que investiga a Silva ya se pronunció en el pasado sobre los correos de Blesa. Según denuncia la defensa del juez en excedencia, Polo resolvió recursos en la causa por prevaricación en los que aseguraba que los mensajes interceptados al expresidente de Caja Madrid pertenecían a su “intimidad”. La recusada ya ha decidido sobre algo esencial respecto del propio delito que en la actualidad pretende investigar: el carácter de documento secreto o privado“ de los citados correos, alega la defensa de Silva. Susana Polo considera que no hay motivos para su recusación, por lo que la decisión de si sigue al frente del caso estará en manos de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM.
