La Eurocámara condena los asesinatos de activistas de DDHH en Honduras

El Parlamento Europeo condenó hoy “en los términos más enérgicos” los recientes asesinatos en Honduras de los activistas Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como de otros defensores de derechos humanos, y reclamó investigaciones de esos crímenes para acabar con la impunidad.

En una resolución debatida hoy, la Eurocámara subrayó que las investigaciones “inmediatas, independientes, objetivas y exhaustivas” sobre todos esos crímenes deben servir para llevar ante la justicia a sus “autores intelectuales y materiales”.

Sobre el caso de Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el 3 de marzo en su domicilio pese a las medidas cautelares para su protección que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), constató que las autoridades hondureñas “no (le) brindaron” una “protección adecuada”.

Por eso, aun acogiendo “con satisfacción” que, a petición del Gobierno de Honduras, se impliquen en las pesquisas la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), insta al Ejecutivo a que “movilice todos los medios” para “aplicar eficazmente” las 92 medidas cautelares de la CIDH vigentes actualmente en el país.

Los eurodiputados en su texto manifestaron “satisfacción” por las reformas legales y los esfuerzos para aliviar la situación de los defensores de los derechos humanos, sin dejar de repetir que están “profundamente preocupados” por la situación.

También hicieron hincapié en que las actividades allí de los inversores europeos “deben integrarse en un conjunto sólido de políticas de protección social y medioambiental”.

Y pidieron a la Comisión Europea que vigile que la ayuda europea “no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas”, además de aplicar garantías sólidas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales.

Referencias al hecho de que los asesinatos de Cáceres y de Nelson García (también miembro del COPINH) se vinculan con la resistencia pacífica de esa organización al proyecto de presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Gualcarque, que depende en gran medida de tecnología y de inversores europeos.

Un proyecto de “dimensiones faraónicas”, según la Eurocámara, que hizo notar que se está llevando a cabo “sin haber realizado previamente una consulta libre” y sin haber buscado el consentimiento de las comunidades indígenas, contra lo que estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por eso, durante el debate de la resolución, diputados de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), en particular los españoles Miguel Urbán (Podemos) y José Couso (Izquierda Unida) reclamaron la paralización de la presa y también del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica.

Couso justificó esa reclamación -que no figura en la resolución consensuada- con el argumento de que “la impunidad continúa en Honduras porque asesinar sale gratis”.

El eurodiputado subrayó que, pese al asesinato de decenas de periodistas y de activistas por los derechos humanos desde el golpe de Estado de 2009, la UE no es tan beligerante con Honduras como lo es con Venezuela, “donde no son asesinados ni periodistas ni sindicalistas y donde los que sí asesinan policías o ciudadanos muchas veces son golpistas disfrazados de oposición”.

Sobre el asesinato el 24 de enero de Paola Barraza, defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), el Parlamento Europeo señaló que pone de relieve “el creciente peligro” que corre esa comunidad en Honduras.