Fernández Díaz se enfrenta al Consejo de Europa por la Ley de Seguridad Ciudadana
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha enfrentado al Consejo de Europa por cuestionar la necesidad de las “restricciones” del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana al calificar como “altamente problemático” el borrador aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. El ministro le ha acusado de no habérselo leído.
Fernández Díaz ha criticado las palabras del comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, que llegó a decir que hablaría con las autoridades españolas si la regulación “va más allá”. El titular de Interior se ha ofendido y ha asegurado que esas declaraciones no se corresponden con el borrador del Gobierno. “Lo menos que podía haber hecho es habérselo leído”, ha espetado.
Además, ha insistido en que la “ley está en estado embrionario” y que va a ser sometida a “filtros jurídicos” para garantizar que se ajusta al marco legal exigido. “No solo respeta los derechos fundamentales sino que lo hace de una manera ejemplar”, ha defendido el ministro, que ha explicado que es un compendio de la “seguridad” y la “libertad”.
La regulación planteada por el Gobierno prevé sanciones de hasta 30.000 euros por paralizar un desahucio o de 600.000 si una protesta social se produce ante la sede de un partido político durante la jornada de reflexión.
El comisario europeo de derechos humanos planteó la cuestión de hasta qué punto están claros los términos legales de cara a la interpretación judicial y su conocimiento por parte de los ciudadanos, y, por otro, la de “si son necesarias estas restricciones en una sociedad democrática” para mantener el orden público “sin interferir demasiado en la libertad de reunión”.
“Cuando sea presentado como proyecto de ley no podrá tener ninguna duda respecto a la adecuación a los derechos”, ha respondido Fernández Díaz, que sostiene que “algunas personas están interesadas” en difundir una imagen “equivocada” del derecho a manifestación en España. “En menos de un 1% de las movilizaciones ha tenido la Policía que usar elementos de defensa”, ha afirmado. “Tenemos acreditado que estamos gestionando de manera eficaz y conforme a la legalidad el derecho a manfestación”, ha agregado.
El Consejo de Europa ha criticado en varias ocasiones las actuaciones policiales en la represión de las protestas ciudadanas contra los recortes. El último informe del comisario de derechos humanos, cuyas conclusiones se dieron a conocer en octubre, la institución que representa a los 47 estados del continente rechazó el “uso excesivo de la fuerza, incluyendo los disparos de pelotas de goma” por parte de la policía en las manifestaciones contra los recortes y señaló la “frecuente falta de indentificación de los agentes en este tipo de protestas, que ha impedido la persecución y sanción de quien ha perpetrado abusos”.
