La fiscal general del Estado se enfrenta a la Policía para defender al alcalde de Granada detenido por corrupción
Diez líneas incluidas al final de un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado han servido para enfrentar al Ministerio Público con la policía y el juzgado que el miércoles autorizó la detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, junto a su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y varios empresarios de la ciudad, investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicas relacionados con la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una zona de dominio público de la ciudad andaluza.
La nota, encabezada con el membrete de la Fiscalía General del Estado que preside Consuelo Madrigal y remitida a media tarde del jueves a los medios de comunicación, explica los datos generales de la investigación de Granada (apenas unas pistas, dado que el sumario sigue secreto), pero termina con un reproche a la policía, muestra públicamente su desacuerdo con el arresto del regidor granadino e incluso llega a decir que la detención no está justificada en ese momento procesal.
La Fiscalía General del Estado lo argumentó con estas palabras: “La Fiscalía ha informado favorablemente la práctica de todas las diligencias solicitadas por el cuerpo policial, salvo la relativa a la detención y la entrada y registro en el domicilio particular del Alcalde de Granada, al considerar que el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales y ello sin perjuicio de que continúen las investigaciones y cuantas actuaciones judiciales sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos”.
En un párrafo posterior la Fiscalía General del Estado subraya: “Las detenciones efectuadas en el día de ayer se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma”.
Ese desmarque público de la Fiscalía General del Estado y sobre todo la afirmación de que la detención no estaba justificada ha causado un enorme malestar tanto en la Policía como en el juzgado responsable del auto que amparó los registros y las detenciones y que no fue recurrido por la fiscal que investiga el caso.
Las fuentes consultadas lamentan que este “comunicado inédito” suponga un balón de oxígeno para el regidor, a quien el PP suspendió de militancia el mismo día del arresto y Ciudadanos amenaza con retirarle el apoyo y descabalgarlo del Gobierno municipal.
El propio Torres Hurtado no tardó en aferrarse al contenido de esa nota oficial y horas después se quejó ante la prensa de que la suya fue una “detención ilegal”. A preguntas de los periodistas, el todavía regidor granadino achacó primero su arresto a la decisión del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y hasta llegó a culpar al propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. También alegó que la operación obedece a una “trama política rara para quitar al PP del Ayuntamiento” y pidió respeto a la ciudad de Granada: “Fui detenido sin tener que ser detenido. Se está cometiendo conmigo un atropello político”.
Las fuentes consultadas lamentan que el comunicado de la Fiscalía General del Estado pueda ser uno de los argumentos que utilice la defensa del regidor, imputado por graves delitos de corrupción y a quien los investigadores sitúan en el centro de una trama de corrupción urbanística.
Las investigaciones desembocaron el miércoles en una serie de registros y detenciones que la Unidad de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía (Udef) practicó en el Ayuntamiento de Granada, el domicilio del regidor y varias sedes de empresas. El caso se había iniciado por una doble denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Granada contra la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en un solar público. Un auto firmado por el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada había autorizado los registros solicitados por la policía y la detención del alcalde que permaneció arrestado durante horas mientras los agentes policiales recaban la documentación municipal.
La investigación, que sigue secreta, ha subido esta semana un escalón. Junto a los concejales de Urbanismo, Isabel Nieto, y el de Economía, Francisco Ledesma, ahora toca de lleno a la alcaldía, un peso pesado del PP andaluz que llegó a ser delegado del Gobierno en Andalucía cuando José María Aznar era presidente.
